Dos socios de Kenji Fujimori fueron investigados por drogas en 2006

A los 29 años de edad, el hoy congresista Kenji Fujimori se asoció con empresarios de trayectoria que operan en un negocio muy sensible.

Implicados. Ahora son dueños de la empresa Limasa junto con el menor de los Fujimori. Siete años atrás fueron involucrados en el envío de media tonelada de droga incautada en Valencia, España. No solo eso, una almacenera para la que trabajaban como ejecutivos de seguridad también fue investigada por otros dos decomisos de estupefacientes en México y Alemania.

Edmundo Cruz y Elizabeth Prado (*).

José Antonio Begazo Bedoya y Marco Antonio Ynaba Reyna son los dos accionistas con los que el congresista Kenji Fujimori Higuchi fundó la empresa Logística Integral Marítima Andina S.A. (LIMASA) el 23 de julio del 2009. Para los socios del hijo del ex presidente, el reciente hallazgo de 100 kilos de droga en las instalaciones de esa almacenera (11 de marzo último) no fue la primera experiencia.

En el 2006, siete años atrás, ambos personajes habían confrontado complicaciones similares, no como accionistas, pero sí como funcionarios de seguridad vinculados laboralmente a la empresa Logística Integral del Callao S.A., de siglas LICSA.

Begazo Bedoya era gerente de Seguridad de LICSA e Ynaba Reyna representante de una empresa de seguridad que prestaba servicios de su especialidad a la misma LICSA.

En razón de esas funciones, los dos ejecutivos fueron implicados en las investigaciones abiertas en Perú a raíz del decomiso en el puerto de Valencia de 513 kilos de clorhidrato de cocaína ejecutado por la policía española, el 25 de julio del 2006. Los análisis practicados a la droga arrojaron un 83 por ciento de pureza y su cotización de mercado a esa fecha se estimó en 14 millones de euros.

El cargamento de media tonelada de droga había viajado oculto en el falso techo de un contenedor procedente del puerto peruano del Callao, cubierto como una exportación legal de piñas enteras congeladas remitida por la empresa peruana Anida Import EIRL.

El punto de origen de donde partió la carga rumbo a Valencia fue la almacenera LICSA, donde la seguridad aduanera corría a cargo de Begazo Bedoya con el apoyo de la empresa de Ynaba Reyna.

Como detalle inusual, el contenedor para el transporte de la mercadería había sido enviado especialmente desde la península ibérica por la importadora española Cars Garpo con un lote de vinos y sangría para Anida Import EIRL.

«OPERACIÓN CALAFELL»
El operativo de la policía hispana bautizado con el nombre Calafell (ciudad del Mediterráneo español) culminó investigaciones iniciadas el 2002. Desde ese año la policía seguía de cerca a un grupo de colombianos radicados en Barcelona y Madrid, empeñados en introducir droga en gran escala valiéndose de las operaciones de comercio exterior con Sudamérica, vía marítima.

Pero Valencia no fue el primer punto de incautación internacional de un cargamento de droga procedente del puerto peruano del Callao despachado precisamente desde la almacenera chalaca LICSA, donde la seguridad corría a cargo de Begazo Bedoya con el apoyo de Ynaba. Antes, habían sido intervenidos otros dos envíos de idéntica procedencia.

El 27 de octubre del 2005 la policía mexicana requisó en el puerto de Manzanillo más de una tonelada de cocaína (1,396 kilos) camuflada en un contenedor repleto de cajas de ají páprika. Puerto de embarque: Callao. Almacén despachador: LICSA.

El 2 de febrero del 2006, cinco meses antes de Valencia, otro contenedor fue destapado en el puerto de Bremerhaver, Alemania, con 325.3 kilos de clorhidrato de cocaína disimulados en 550 bolsas de café. Puerto de embarque: Callao. Almacén despachador: LICSA.

Tanta coincidencia confirmó sospechas y afinó las antenas de la policía española y la DEA (Agencia Antidrogas de EE.UU.). Esas dos intervenciones previas prepararon el contundente golpe asestado en Valencia a la mafia colombiana infiltrada en España. Su plan de introducción de estupefaciente fue desbaratado.

El capo Leonidas Vargas Vargas, alias «Viejo Vargas», más otros diez miembros de la banda fueron detenidos, entre ellos el peruano Daniel Moisés Ronceros Monsalve, dueño de la carga, que fue sentenciado y cumple condena después de un proceso de más de cuatro años.
INVESTIGACIÓN EN PERÚ

El 1° de agosto del 2006, tan luego como la prensa española difundió la incautación en el puerto de Valencia, la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Drogas (DITID-DIRANDRO) le siguió el rastro. Y el 29 de agosto con la información despachada desde Madrid por un enlace de la policía peruana, la 2a Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de TID del Callao, a cargo de Edith Hernández Miranda, ordenó la apertura formal de la investigación policial.
Tres meses después el correspondiente Atestado Policial Nº 391-12-06 de DITID-DIRANDRO estuvo listo.

En dicho documento, la Empresa Logística Integral Callao S.A., LICSA, como persona jurídica, y sus tres principales gerentes, incluido el de Seguridad José Begazo Bedoya, fueron incluidos «en calidad de comprendidos-citados».
«LICSA no ha cumplido con las Normas de Seguridad de conformidad al Manual de Procedimientos de la Empresa y ha incumplido las Normas Internacionales y de Seguridad BASC para Operaciones de Comercio Exterior», afirma la segunda conclusión.

BASC es una alianza empresarial internacional que dicta normas y vela por la seguridad del comercio exterior.

El atestado policial explica que «al haberse vulnerado el sistema de seguridad se ha permitido el accionar de una organización internacional de tráfico ilícito de drogas, favoreciendo sus actividades».DITID-DIRANDRO concentró su investigación en los 16 días que el contenedor «NOWU 5901790» permaneció dentro de las instalaciones de LICSA.

El contenedor vacío ingresó a la almacenera por la puerta principal el 2 de junio del 2006, a las 17:31 horas, fuera de horario tratándose de un cargador vacío, dice el informe de la DITID. En esa condición y a esa hora, debió entrar por la puerta posterior de acuerdo a las normas de la empresa. Esta es la primera infracción señalada en el atestado.

Por norma, el incidente debió ser informado obligatoriamente al gerente de Seguridad Begazo Bedoya, pero cuando fue interrogado éste negó haber recibido tal información y declaró que recién se enteró del hecho el 7 de noviembre cuando la policía lo notificó de la investigación prejudicial.

Rodomiro Sopla Herrera, inspector encargado de verificar el estado de los contenedores y de detectar probables doble fondos y acondicionamiento de mercancías prohibidas, reconoció haber realizado la inspección «golpeando con un martillo las paredes internas del contenedor y del mismo modo las externas, limitándose a mirar solamente el techo que esté liso y plano».

Sopla dio cuenta a su jefe de la peculiar manera como cumplió su misión y éste le dio la conformidad.

Marco Ynaba Reyna, el otro socio actual de Kenji Fujimori, era gerente de la empresa Servicios de Seguridad Integral SAC en el 2006. En su manifestación a la policía aceptó haber prestado a LICSA los servicios de 7 vigilantes de día y seis de noche más dos supervisores de su empresa en la época que ocurrieron los hechos. Pero en su descargo declaró que este personal actuó bajo las órdenes del gerente de Seguridad José Begazo Bedoya.

ARCHIVADO
El 18 de diciembre del 2006, luego de recibir el atestado policial de DIRANDRO, la fiscal Edith Hernández amplió la investigación y comprendió a ocho empleados de la almacenera LICSA, incluido Begazo Bedoya, y a cinco de la empresa Anida Import EIRL. Pero, todos ellos, menos Carlos Armas, representante de esta última, propietaria de la carga de piñas, fueron sacados del caso el 3 de setiembre del 2007.

Hasta que el 10 de julio del 2009 la fiscal chalaca dio por concluidas las investigaciones para individualizar a los responsables del acondicionamiento de los 513 kilos de droga incautados en Valencia.

La magistrada sustentó su decisión en dos documentos. Uno, el reporte de la inspección al contenedor incriminado realizada por Sunat-Aduanas y que arrojó resultado negativo. Y dos, el informe de la Brigada Policial de Madrid, según el cual las puertas del contenedor conservaban los dos precintos de seguridad «intactos», tanto el de la Aduana de Perú como el de la naviera.

De esta premisa, la fiscal hizo dos inferencias: (1) «No se necesitó romper los precintos de seguridad para incorporar al interior el estupefaciente, tampoco para extraerlo»; (2) «El acondicionamiento de droga en el contenedor se pudo dar en cualquier momento y lugar, durante su permanencia en el Perú o su desplazamiento a España».

«Así las cosas —concluyó—, el panorama se vuelve más sombrío en cuanto a determinar a los responsables en Perú». O sea, no se logró individualizar responsabilidades.

Siete años después del decomiso en Valencia, la fiscalía a su cargo ha tenido que resolver el hallazgo de 100 kilos de droga esta vez en la almacenera Limasa, donde han reaparecido como accionistas José Antonio Begazo Bedoya y Marco Antonio Ynaba Reyna.

(*) Colaborador Carlos Neyra
“No tiene carácter de cosa juzgada, es posible reabrir la investigación”
«Las decisiones de esta naturaleza que emite el Ministerio Público no tienen carácter de cosa juzgada, siendo posible reabrir la investigación cuando dichos sujetos sean plenamente identificados y mientras el Estado no pierda su capacidad persecutoria».

Se lee en la resolución de la fiscal Edith Hernández sobre la investigación seguida en Perú en relación con los 513 kilos de droga incautados en Valencia (España) el 2006.

Como titular de la 2.ª Fiscalía Especializada en Delitos de TID del Callao, la fiscal Edith Hernández dictó el archivamiento del caso el 10 de julio del 2009 y ella misma declaró consentido su fallo el 4 de agosto, luego de que la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior se diera por notificada.

Edith Hernández confirmó a La República que de presentarse nuevos elementos y antecedentes el caso se podría reabrir.

CLAVES
Logística Integral Marítima Andina (LIMASA) se formó el 23/julio/2009, trece días después de que se archivara el caso LICSA.

Socios fundadores de LIMASA: José Antonio Begazo Bedoya, José Antonio Begazo Ramos (hijo), Marco Antonio Ynaba Reyna y Kenji Fujimori Higuchi.

«Yo he dejado el cargo de director, pero sigo manteniendo el 21% de las acciones, nunca dije que vendí mis acciones», declaró Kenji Fujimori a Canal N el 20 de marzo del 2013).

El capital social de LIMASA a noviembre del 2012 ascendió a 2 millones 877 mil 220 soles. Fue fundada hace 4 años con 40 mil soles

La República, 10.04.2013