La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el informe de calificación que recomienda admitir a trámite la Denuncia Constitucional 570, interpuesta por congresistas de Renovación Popular contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, por la presunta infracción de la Constitución y la posible comisión de los delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal, tipificados en el Código Penal.
Votaron a favor 11 congresistas y dos en contra de la denuncia, la cual alega que Espinoza Valenzuela habría ofrecido archivar la investigación preliminar del fiscal supremo Pablo Sánchez, acusado de obstrucción a la justicia en varios casos, a cambio de su voto en su propia elección como fiscal de la Nación, lo que implicaría cohecho activo.
Una vez elegida, Espinoza se habría abocado al caso Sánchez sin inhibirse por conflicto de interés, optando por el archivo de la denuncia constitucional contra el referido fiscal, obstruyendo a la justicia.
Alberto Otárola
La subcomisión, con 12 votos a favor y uno en contra, aprobó el informe de calificación que declara procedente la Denuncia Constitucional 587, interpuesta por la fiscal de la nación, Delia Espinoza, contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda.
Es por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el Código Penal. Este caso fue acumulado a las denuncias 460, 462 y 463.
Se le denuncia a Otárola por la contratación de una persona con quien sostuvo una relación personal, para supuestamente direccionar acciones administrativas dentro del Poder Ejecutivo. Asimismo, por el posible direccionamiento de contrataciones de empresas y altos sueldos a personal que contrató con lo que hace presumir el delito de negociación incompatible.
Exministro del Interior, Víctor Manuel Torres Falcón
Con diez votos a favor y tres en abstenciones, fue aprobada la procedencia de la Denuncia Constitucional 593 por encontrar suficientes elementos de convicción en la conducta que le imputa la fiscal de la nación, Delia Espinoza, al exministro del Interior, Víctor Manuel Torres Falcón. Las acciones denunciadas configurarían actos y uso arbitrarios del cargo.
Exintegrantes de la Junta Nacional de Justicia
La subcomisión, con 10 votos a favor y uno en contra, aprobó el informe de calificación que declara la admisión a trámite, en un extremo, de la Denuncia Constitucional 544, presentada por Juan Antonio Fernández Jerí en su condición de ciudadano y como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, contra los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia, Luz Inés Tello de Ñeco, Antonio Humberto de la Haza Barrantes y Aldo Alejandro Vásquez Ríos.
Es por la presunta infracción a la Constitución y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificados en el Código Penal. No fue así en lo que se refiere al delito de prevaricato.
Posteriormente, se aprobó el informe que declara la improcedencia de la Denuncia Constitucional 581 contra el fiscal supremo provisional transitorio, Franklin Jaime Tomy López, por la posible comisión del delito de peculado de uso, tipificado en el Código Penal, por haber participado en un evento profesional en horario laboral y utilizar los ambientes de su despacho en el Ministerio Público.
También fue aprobado el informe de calificación que declara improcedente la Denuncia Constitucional 582, interpuesta por el ciudadano Juan Walter Sifuentes Bustillos, quien dijo ser abogado del expresidente Pedro Castillo Terrones, pero sin acreditarlo debidamente.
La denuncia es contra de la fiscal suprema Patricia Benavidez Vargas y los jueces supremos Juan Carlos Checkley Soria, José Antonio Neyra Flores, Iván Salomón Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez, por la posible comisión del delito de usurpación de funciones, abuso de autoridad y avocamiento ilegal de proceso en trámite, tipificados en el Código Penal.
Según el informe, no se demostró un supuesto perjuicio de Castillo Terrones por su detención el 7 de diciembre de 2022. Fueron 12 votos a favor y dos en contra.
DELEGADOS DE DENUNCIAS
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó delegar seis denuncias constitucionales a distintos parlamentarios, quienes se encargarán del análisis y elaboración de los informes correspondientes.
Una de ellas es la Denuncia Constitucional 110 (antes 463), interpuesta por el excongresista César Gonzáles Tuanama contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por la presunta infracción de los artículos 93, 158, 159.1 y 201 de la Constitución, así como por el presunto delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal.
Esta denuncia fue delegada al congresista Jorge Montoya Manrique (HyD).
Asimismo, se delegó en la congresista Martha Moyano Delgado la Denuncia Constitucional 275, presentada por el ciudadano Jesús Gumercindo Zavaleta Mendoza contra el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, por la presunta infracción de los artículos 31, 35, 38 y 39 de la Constitución, así como por la posible comisión del delito de omisión de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal.
Por otro lado, la congresista Nilza Chacón Trujillo (FP) fue designada como delegada de la Denuncia Constitucional 403, interpuesta por la exfiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, contra el expresidente de la república José Pedro Castillo Terrones.
La denuncia es por los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, tipificados en los artículos 336, 385 y 393 del Código Penal.
Además, incluye al exministro de Defensa, Walter Ayala González, por los presuntos delitos de organización criminal, abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado, tipificados en los artículos 317, 336, 397 y 400 del Código Penal.
En otro momento, se delegó a la congresista Nelcy Heidinger Ballesteros (APP), la Denuncia Constitucional 520, interpuesta por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, contra Alberto Otárola Peñaranda, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros, como presunto instigador del delito de colusión simple y agravada, previsto en el primer y segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal.
También se delegó la Denuncia Constitucional 547, formulada por el congresista Alejandro Muñante Barrios, contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez Chino, el exministro del Interior, Willy Huerta Olivas, y el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, por la presunta infracción a diversos artículos de la Constitución. Esta denuncia fue acumulada con la DC 575, presentada por el congresista Alejandro Cavero Alva contra el expresidente Castillo, por la presunta infracción de los artículos 43, 45, 118 y 134 de la Constitución.
El encargado de ambas denuncias recayó en el congresista José Jerí Oré (SP).
Finalmente, la congresista Milagros Jáuregui Martínez (RP) será la delegada de la Denuncia Constitucional 560, presentada por el ciudadano Juan José Santivañez Antúnez contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, por la presunta infracción a los incisos 2 y 4 del artículo 159 de la Constitución y la posible comisión del delito de abuso de autoridad, contemplado en el artículo 376 del Código Penal.
