El Pleno del Congreso de la República aprobó esta noche, por mayoría, haber lugar a la formación de causa penal contra los ciudadanos Betssy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas y Roberto Sánchez Palomino, en su condición de exministros de Estado, por ser presuntos coautores de la comisión de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional.
La denuncia fue formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, por los delitos mencionados, en modalidad rebelión, artículo 346 del Código Penal, en agravio del Estado; y, alternativamente, por la presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, modalidad conspiración, artículo 349 del Código Penal, en agravio del Estado.
En palabras del titular del primer poder del Estado, José Williams zapata, y de acuerdo con el literal j) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, el expediente con la acusación constitucional será enviado a la fiscal de la Nación, quien procederá conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución.
Estas decisiones fueron tomadas de acuerdo con tres resoluciones legislativas.
La primera resolución correspondió a la congresista Betssy Chávez chino, en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros.
En su primer artículo, que declara haber lugar a acusación, obtuvo 66 votos a favor, once en contra y seis abstenciones; el segundo artículo, que la suspende en el ejercicio de sus derechos y deberes funcionales, en tanto dure el proceso penal, obtuvo 65 votos a favor, quince votos en contra y tres abstenciones.
La segunda resolución correspondió al exministro del Interior, Willy Huerta Olivas, a quien se declara haber lugar a la formación de causa penal por los delitos mencionados, y obtuvo 57 votos a favor, dieciocho votos en contra y diez abstenciones.
La tercera resolución correspondió al congresista Roberto Sánchez Palomino, en su condición de exministro de Comercio Exterior y Turismo.
El primer artículo que declara haber lugar a la formación de causa penal obtuvo cincuenta votos a favor, veintiún votos en contra y trece abstenciones; el segundo artículo, que lo suspende en el ejercicio de sus derechos y deberes funcionales, en tanto dure el proceso penal, obtuvo veintisiete votos a favor, 39 en contra y dieciocho abstenciones.
Por tanto, Roberto Sánchez Palomino mantiene sus deberes y funciones como congresista en tanto dure su proceso penal.
DEFENSA
La congresista Betssy Chávez Chino (PD) expresó en su defensa que se allana a la pretensión del Ministerio Público, y declaró que desde el día 1 se sometió a la investigación desplegada por esta institución, y respetado, incluso, sus arbitrariedades, pues entendió que las decisiones son enteramente políticas.
Su abogado, Edwin Siccha Pérez, se refirió a los fundamentos jurídicos de la defensa, desde una óptica estrictamente penal dijo que, a pesar de no estar de acuerdo con las conclusiones de la denuncia, el allanamiento a la causa propuesta por la congresista, se ha formalizado hoy ante el ministerio Público, para que se declara ha lugar a la causa.
En su momento, el exministro Willy Huerto Olivas sostuvo que desde el inicio de estas investigaciones siempre dijo la verdad, y lo reitera, pero nadie le cree, y nadie le escucha, pese a que ha presentado pruebas en la fiscalía y estas no han sido “amerituadas”.
Señaló que cuando recibió el encargo ministerial de parte del presidente, le dijo que él siempre iba a respetar la ley, se preguntó ¿dónde y cuándo se dio la conspiración que alega como elemento de convicción el Ministerio Público? Enfatizó que no se ha acogido al silencio, que él ha informado todo.
Por su parte, el congresista Roberto Sánchez Palomino (CD-JD) negó categóricamente haber participado en los delitos que se le imputan e insistió en que la última reunión que se suscitó el día 6 de diciembre, estuvo orientada a la preparación del discurso de defensa ante la tercera moción vacancia presidencial.
El 7 de diciembre, continuó, no se reunió con el presidente, y solo se reunió con el asesor Alberto Mendieta y el exministro Alejandro Salas, para la coordinación de la presentación ante el Pleno. En cuanto a la decisión presidencial de lo que se ha llamado un intento de golpe fallido, afirmó, los ministros “nunca tuvimos conocimiento, ni antes, ni durante, ni en diálogo, nada. Estuvimos aislados de esa decisión”.
Para su defensa jurídica tomaron la palabra los abogados Domingo García Belaunde y Walter Rivera.
DEBATE
Durante el debate, los representantes de las diversas bancadas parlamentarias esgrimieron sus argumentos a favor y en contra de las conclusiones finales de la Denuncia Constitucional 328, formulada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en donde resaltaron diversos matices por cada uno de los acusados.
Así por ejemplo, el congresista Carlos Anderson (NoA) sostuvo que la congresista Betssy Chávez “ha revelado un espíritu antidemocrático, sedicioso, de división, que le ha hecho tanto daño al país y a nuestra democracia”, así que en el caso de esta congresista no le cabe ninguna duda de que tendrá que pagar la consecuencia de sus actos.
Del mismo parecer fueron María del Carmen Alva Prieto (AP) Edwin Martínez Talavera (AP) Jorge Montoya Manrique (RP) Patricia Juárez gallegos (FP) y Alejandro Soto Reyes (APP) quien precisó que no somos jueces y fiscales, y la defensa deben hacerla ante el Ministerio Público tal como lo ha pedido la propia expremier al allanarse a ese pedido.
Por otra parte, el congresista Edgar Reymundo Mercado (CD-JP) criticó las deficiencias del informe del congresista Wilson Soto Palacios (AP) pues rompe principios básicos del debido proceso, e invierte la carga de la prueba que le corresponde al Ministerio Público; en ese sentido, dijo, dichas investigaciones no han acreditado la verisimilitud de los hechos.
Lo mismo expuso Paul Gutiérrez Ticona (BMCN) para quien no existen pruebas fehacientes que demuestren que los ministros denunciados acordaron disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú.
Mientras que el parlamentario Elvis Vergara Mendoza (AP) sostuvo que se trata de una labor complicada, por un lado está dar ejemplo claro de que la sola intención de quebrantar del orden constitucional tiene que ser sancionado severamente; sin embargo, dijo, que cuando se trata de involucrar en un solo hecho a varias personas se puede incurrir en problemas.
