El Congreso debe restituir capacidad sancionadora a la Contraloría

El contralor general, Nelson Shack, afirmó hoy que es necesario que la Contraloría recupere su capacidad para sancionar administrativamente a funcionarios y servidores públicos que incurran en inconducta funcional o actos de corrupción, sobre todo por los casos identificados durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

 

“Apenas termine la cuarentena, iniciaremos el control posterior, en base a los servicios de control simultáneo que venimos realizando, y en ellas es probable que se determinen responsabilidades de los funcionarios públicos durante esta etapa de emergencia, pero la Contraloría no va a poder sancionar a nadie a menos que se apruebe la ley que restituye nuestra capacidad sancionadora”, aseveró Shack Yalta, quien solicitó al Congreso la revisión prioritaria del dictamen del proyecto de ley presentado anteriormente por la entidad fiscalizadora de control.

 

Indicó que mientras no se pueda sancionar a los malos funcionarios y servidores públicos, la sensación de impunidad será grande en la población. Cabe recordar que el pasado 29 de abril se cumplió un año de la presentación del proyecto de ley que busca restablecer la capacidad sancionadora a raíz del fallo emitido por el Tribunal Constitucional (TC). Hasta diciembre del 2019 más de 15 mil funcionarios públicos no fueron sancionados debido a los efectos del fallo.  

 

Ante la sesión virtual de la Comisión Especial de seguimiento a emergencias y gestión de riesgos de desastres COVID-19 del Congreso de la República, el Contralor General anunció que, continuando con el control integral en la emergencia sanitaria, en las próximas semanas se realizará la supervisión a los penales, a la gestión de los residuos sólidos, así como a las ferias itinerantes para la venta de los productos agrícolas.

 

También se concluirán en los siguientes días los operativos en las comisarías de Lima y Callao, en las plantas de las unidades de transporte público a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y a la distribución de canastas básicas para la población vulnerable. En las regiones se continuarán con las labores de control simultáneo que se vienen desplegando desde marzo último. 

 

Respecto al transporte público señaló que “una de nuestras preocupaciones es cómo evitar que este servicio se convierta en un foco de contaminación, sobre todo cuando concluya la cuarentena. En esa línea, venimos verificando en numerosas visitas la falta de supervisión así como las deficiencias en el proceso de desinfección y limpieza, donde hemos identificado aspectos relevantes que deben corregirse y superarse a la brevedad”.

 

Asimismo, Shack Yalta señaló que a la fecha su institución ha publicado más de 1,400 informes de control correspondiente a los tres niveles de gobierno (Nacional, regional y local), los cuales se encuentran publicados en el portal web de la Contraloría, como muestra de la política de transparencia institucional. 

 

Precisó que la estrategia de control de la Contraloría en el marco del COVID-19 comprende llegar hasta junio con cerca de 2,000 servicios de control y la emisión de 4,500 informes de control (orientaciones de oficio, visitas de control y control concurrente). 

 

Durante la sesión, el Contralor aseveró que su institución está en capacidad de poder recibir todas las declaraciones juradas de intereses de los congresistas, en la medida que se haga a través del sistema virtual iinstalado por su institución.

“El Congreso ha dispuesto que las declaraciones juradas de los funcionarios de la organización y servicio parlamentario se hagan a través del sistema de la Contraloría”, refirió. No obstante, señaló que sería muy importante que el Poder Legislativo haga una precisión similar en el caso de los congresistas, y que, además, considere como parte de los deberes funcionales, la presentación de ésta en dicho sistema.