El Pleno del Congreso aprobó la Resolución Legislativa 5432, que propone inhabilitar por cinco años para el ejercicio de la función pública a Zoraida Ávalos Rivera, en su condición de exfiscal de la Nación, por presunta infracción a la Constitución Política del Perú, en su artículo 159, inciso 4).
La decisión se adoptó por 71 votos a favor, quince en contra y ocho abstenciones.
Se le acusa de incumplir las obligaciones inherentes al Ministerio Público de ejercer la acción penal, siendo Fiscal de la Nación, la única funcionaria legítima para investigar los presuntos delitos cometidos por los altos funcionarios en el caso de los presuntos delitos que habría cometido el entonces presidente de la República, Pedro Castillo.
El Congreso también aprobó la Resolución Legislativa 5433, que declara haber lugar a la formación de causa penal contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal, en agravio del Estado.
La decisión fue aprobada con 73 votos a favor, doce en contra y ocho abstenciones, previsto en el inciso j) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, después de escuchar el Informe Final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por parte de su titular, Lady Camones Soriano (APP) y del congresista delegado del caso, Ernesto Bustamante Donayre (FP), así como la defensa de la acusada y el debate parlamentario correspondiente.
La congresista Camones Soriano (APP) señaló que la investigación, ha respetado estrictamente las garantías del debido procedimiento, el cumplimiento de todas las fases y plazos, el derecho a la denunciada a ser oída y asistida a la defensa técnica de su elección, el derecho a la contradicción y a una decisión imparcial de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, fundamentada estrictamente en los medios probatorios valorados en el informe final.
Por su parte, Bustamante Donayre manifestó que no hay nada personal contra la exfiscal, por el contrario, se trata de una investigación objetiva que busca sentar precedentes para que en el futuro, los fiscales de la Nación, sepan que tienen que investigar a todos los funcionarios que han cometido una infracción o delito, inclusive al propio presidente de la República, por ser el funcionario de más alto rango en la estructura del Estado.
La congresista, Susel Paredes (CD) respaldó a la exfiscal argumentando que se le está acusando pese a que cambió un criterio de interpretación jurídica, que permitió abrir investigación contra un presidente en funciones.
“Zoraida Ávalos tuvo la valentía de cambiar la historia, de cambiar un criterio jurídico por primera vez abriendo investigación contra un presidente en funciones”, expresó.
La inefable congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, dijo que Zoraida Ávalos ha defraudado a millones de peruanos al alinearse a fines particulares, además ha violado la Constitución por lo que es el Ministerio Público quien tiene el deber de perseguir el delito.
Alex Flores Ramírez (PL) instó a que el análisis sea serio y reflexivo dejando de lado las cuestiones políticas. “Un presidente de la República, no puede ser acusado mientras estaba en funciones, más allá de los odios y diferencias debe primar si es justa e injusta la sanción”, aseveró.
Carlos Anderson (NA) dijo no sorprenderle que quienes defendieron al expresidente, Pedro Castillo sientan que tienen que defender a la exfiscal Zoraida Ávalos que lo único que hizo en ese entonces fue abrir una investigación para luego cerrarla.
También participaron del debate, los congresistas Edwin Martínez Talavera y Elvis Vergara (AP), Gladys Echaíz de Núñez (RP) y Ruth Luque Ibarra (CD).
La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, acompañada de su abogado Francisco Eguiguren, ejerció su derecho a la defensa frente al informe final recaído en la Denuncia Constitucional 209 y 231 y señaló la sanción en contra ella contraviene la autonomía del Ministerio Público. Aseguró que está sometida a un proceso por revancha política.
Agregó que se le pretende acusar en base a cambios interpretativos de la Constitución, toda vez que sí cumplió con sus funciones.
