La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) ha blindado a la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides al archivar sospechosa y presurosamente la denuncia constitucional presentada por la fiscal Delia Espinoza, que acusa a Benavides de haber perpetrado los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal.
La protección a Benavides en dicha comisión fue promovida por el fujimorismo al desestimar la acusación sin considerar que los argumentos muestran indicios que podrían haber justificado una investigación más exhaustiva. No les importa que se determina si Benavides es delincuente, con el agravante de que es una fiscal suspendida que pretende regresar a hacer de las suyas en la Fiscalía. Para el fujimprismo el delito no importa, lo que importa es si sirve o no sirve a sus protervos intereses.
La denuncia señaló que Benavides habría recibido beneficios a cambio de realizar nombramientos estratégicos con el objetivo de favorecer a un investigado vinculado al caso rave de los “Cuellos blancos”. Sin embargo, la subcomisión presidida por María Acuña, de Alianza Para el Progreso, otro partido que actúa de la mano con el fujimorismo, decidió rechazar la admisión a trámite y archivó el caso de manera definitiva.
El documento contiene un informe final elaborado por el abogado Sergio Bringas, que recomendó la investigación debido a la seriedad de los presuntos delitos., argumentando que la denuncia cumplía con los requisitos formales y contenía elementos preliminares fundamentados que apuntaban a la probable comisión de los actos imputados.
Bringas explicó que la conducta de Benavides encajaba en los tipos penales mencionados. El informe incorporó pruebas sobre presunta interferencia de Benavides en el proceso de nombramiento de fiscales provisionales, sugiriendo posibles intercambios de favores y tráfico de influencias con personas que no pertenecen al sistema fiscal.
Estas conclusiones no importaron a los fétidos congresistas blindadores y la insistencia del asesor técnico legal sobre el impacto penal y ético de los hechos atribuidos a Benavides, en el informe fue rechazado por 7 votos en contra, frente a 6 a favor y 2 abstenciones, con lo cual el caso fue al archivo.
Votaron en favor de proteger a Benavides, cuándo no, los parlamentarios de Fuerza Popular Martha Moyano, Nilza Chacón, Nelcy Heidinger, Víctor Flores y Héctor Ventura; de Renovación Popular, Esdras Medina; y de Honor y Democracia, Jorge Montoya.
Quienes votaron por la investigación a Benavides fueron María Acuña y Segundo Quiroz (APP), Luis Aragón (Acción Popular), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Jorge Coayla (Juntos por el Perú) y Milagros Jáuregui (Renovación Popular). Se abstuvieron Flavio Cruz y Américo Gonza, de Perú Libre.
Una vez más, la mayoría del Congreso vibra al son del hampa.
