El Poder Judicial (PJ) ordenó impedimento de salida del país para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por 18 meses como parte de la investigación que se le sigue por el presunto delito de de lavado de activos en el trasiego de aportes para su campaña presidencial de 2016.
El caso está a cargo de la jueza Margarita Salcedo Guevara, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, quien dictó la medida hoy domingo, considerando que existe peligro latente de fuga, por la gravedad de los hechos investigados y en las duras penas que los tipos penales contemplan.
El fallo argumentó, además que, al ser una investigación compleja, demanda tiempo, por lo que existe el riesgo que el investigado deje el país para evitar que se concluyan las diligencias ordenadas.
La audiencia para decidir la orden de impedimento de salida se adelantó, pues estaba programada para mañana lunes, pero como Kuczynski intentó viajar anoche a los Estados Unidos, lo cual se lo impidieron por una alerta migratoria vigente, se realizó la audiencia hoy, la cual terminó con la aprobación del pedido de la Fiscalía para imponer la medida de impedimento de salida, aunque lo redujo de 36 a 18 meses.
Cuando ayer PPK quiso salir del Perú, acudieron a constatar el hecho al aeropuerto Carlos Puma Quispe y Leidi Gálvez Sánchez, de la Segunda Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos.
El exmandatario estuvo ausente en la audiencia por encontrarse con descanso médico, según indicó su abogado, quien anunció que apelará la medida.
Tras impedírsele salir del país anoche, PPK señaló que Migraciones vulneró todos sus derechos constitucionales alegando que una alerta migratoria que no tiene asidero legal, según indicó en un comunicado, y aseguró que no tiene un impedimento de salida del país y que iba a viajara a los Estados Unidos para una cita médica y reunirse con su esposa, Nancy Lange, a quien no ve hace más de siete años.
Para la Fiscalía, PPK recibió antes de la segunda vuelta presidencial de 2016, 100 mil dólares de la empresa Construcción y Administración S.A., que no fueron registrados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Por esa omisión la Fiscalía sostiene que su partido Peruanos Por el Kambio habría diseñado un esquema de falsos aportantes y de recepción de dinero en efectivo destinado a evitar que se identifique su procedencia.
