La acusaron de pagar 10 mil soles por certificado bamba. Takayama, Salazar y Gonzales apoyan a keikista.
¿Quién es la congresista keikista Yesenia Ponce, cuyo caso fue archivado ayer por la Comisión de Ética con votos de legisladores de Fuerza Popular? La segunda semana de marzo del presente año, el programa “Cuarto Poder” mostró las actas de evaluación final de todos los compañeros de Ponce; sin embargo, se corroboró que los 21 alumnos que figuran en la lista no aparecen en el registro del Reniec.
Casi todos eran compañeros fantasmas. Solo uno de la lista de la promoción pudo ser verificado en la base de datos: Roxana Janet Peña Mejía, quien justamente es quien se presentó ante la Comisión de Ética para afirmar que ambas estudiaron juntas.
Asimismo, la primera semana de setiembre del 2017, el odontólogo Aldo Rodriguez Uceda, quien fue extrabajador de Yesenia Ponce, denunció también ante “Cuarto Poder” que la legisladora pagó 10 mil soles al director del colegio de Puente Piedra por la emisión de un certificado de secundaria.
El denunciante exhibió un voucher girado para Daniel Soto Rivera y manifestó que el depósito se realizó al padre de éste cuando la congresista de Fuerza Popular ya era investigada en la Comisión de Ética.
Yesenia Ponce fue denunciada en octubre del 2016 por consignar información falsa en su hoja de vida que presentó en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La parlamentaria informó entonces que culminó sus estudios secundarios en la institución Luis Fabio Xammar (1988 y 1992), en Huacho. Sin embargo, en el documento emitido por la centro de estudios se indica que la fujimorista estudió en dicho lugar solo hasta tercer grado de secundaria. Frente a este hecho, Ponce argumentó que finalizó sus estudios de cuarto y quinto en el colegio Niño de Belén, entre 1995 y 1996, en Villa María del Triunfo, cuando la entidad no tenía autorización para enseñar esos grados.
Un elemento que contradijo esta información apareció cuando se conoció que el colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga, ubicado en Puente Piedra, suscribió las actas de dichos estudios.
A pesar de todo ello, con el voto en bloque de los miembros de Fuerza Popular, Milagros Takayama, Milagros Salazar y Juan Carlos Gonzales, quien utilizó su posición dirimente, la Comisión de Ética archivó la denuncia seguida contra la fujimorista Yesenia Ponce.
Mauricio Mulder (Apra), Eloy Narváez (Alianza para el Progreso) y Alberto Oliva (Partido por le Kambio) votaron contra el archivo definitivo; sin embargo, el presidente del grupo de trabajo (Gonzales) inclinó la balanza a favor de su colega de bancada.
Este hecho generó cuestionamientos desde diferentes bandos políticos, quienes lamentaron que pese a la gravedad de las acusaciones y la aparición de nuevos indicios, se opte por no continuar las diligencias correspondientes, como sí se procede en otros casos.
El aprista Jorge del Castillo criticó que “se pase por agua tibia” las denuncias contra los parlamentarios de Fuerza Popular y que los miembros de otras bancadas no tengan la misma suerte.
Minutos antes de este acuerdo, el grupo de trabajo aprobó iniciar una indagación preliminar a Yesenia Ponce por presunto enriquecimiento ilícito. Se llegó a proponer que se junten ambos casos, pero la iniciativa fue desestimada debido a que, según se dijo, este es un tema nuevo y que recién se va a calificar.
Diario Uno, 03.04.2018
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Falsificación de documentos CODIGO PENAL PERUANO VIGENTE
Artículo 427°.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno
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con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público,
título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa
de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos
sesenticinco días-multa, si se trata de un documento privado.
El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que
de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas.
ES UNA DELINCUENTE Y LOS CONGRESISTAS QUE PERMITEN QUE UNA DELINCUENTE NO SEA DESAFORADA