Diversos sectores de la sociedad indicaron que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que liberaliza las relaciones sexuales con adolescentes de 14 a 18 años, en realidad no beneficia a éstos, sino a las organizaciones privadas que lucran a costa de una supuesta “libertad sexual”.

“Estamos viendo que ONG’s muy activas no toman en cuenta el desarrollo moral y físico de los adolescentes, porque viven de este aspecto. Ellos han promovido la acción de inconstitucionalidad y ahora se ven beneficiados, y no los chiquillos, como dicen algunos”, manifestó el congresista Humberto Lay.

El también pastor cristiano indicó que ahora corresponde al Parlamento legislar a la brevedad posible para precisar los alcances del Código Penal, sin dejarse presionar por los lobbies de grupos con intereses económicos.

José Antonio Eguren, presidente de la Comisión de Familia de la Conferencia Episcopal Peruana, advirtió que se está dejando sin protección al menor. “No se ha reparado en la posibilidad que el menor sea sometido a una situación de dominio y seducción por parte del adulto, y termine siendo abusado”, dijo.

“Si los menores tienen el derecho a expresar su voluntad para tener relaciones sexuales, también podrán alegar que tienen el derecho a que éstas sean pagadas, abriéndose la puerta a la prostitución de menores”, alertó.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Marisol Pérez Tello, indicó que el TC ha creado dos riesgos. “Ahora podría alentarse la trata de personas, que es el segundo delito más rentable en Perú. Aparentemente, habría voluntad de una relación sexual ante la falta de recursos económicos, que un proxeneta puede aprovechar”, mencionó.

“La estadística que maneja el TC es buena pero no sirve para probar violación. No es para la chica que tiene relaciones con el enamorado, o con el que conoció en la fiesta. Vamos a legislar esto, porque hay una realidad donde se tiene que separar los hechos delictivos, como el hombre que pone a la hija en zonas de pobreza, donde la gente piensa que es mejor una hija prostituta que una muerta”, acotó.

Pilar Puente, de la ONG Manuela Ramos, argumentó que este fallo garantiza mayor información a los adolescentes sobre sexo y sexualidad, evitándose embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Similar posición mostraron miembros de Inppares, Demus y Flora Tristán.

La Razón, 10.01.2013

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