El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, ha presentado una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex por presuntamente haber perpetrado el delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio.
La denuncia fue presentada ante el Congreso y deberá ser analizada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
La Fiscalía argumenta que Dina Boluarte habría actuado “dolosamente” al recibir como “donaciones” los Rolex y joyas de Wilfredo Oscorima, a cambio de decretos y leyes asignando presupuesto para la Región Ayacucho.
Dichos relojes están valorizados entre 6 000 a 14 000 dólares, y Boluarte los lucía en actividades públicas. Ante los cuestionamientos, la jefa de Estado se victimizó tildando de “tendencioso” el informe periodístico y explicó que los relojes son “el fruto de su esfuerzo” y de “antaño”.
Iniciada la investigación fiscal y allanamiento a su vivienda y en Palacio de Gobierno, Boluarte cambió de estrategia y señaló que los relojes no eran suyos sino un “préstamo” de Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, quien consiguió del Ejecutivo la ampliación de su presupuesto.
La mandataria manifestó que entre ella y Wilfredo Oscorima existe una “amistad”, que es su “waiky”, y alegó por qué aceptó el “préstamo”. Como se sabe, entonces ya eran de conocimiento público diferentes investigaciones contra Oscorima, lo que no impidió dichos “préstamos” de los Rolex.
Para más argumentación esa vez, Boluarte sostuvo que Oscorima fue el primer gobernador “que se paró firme cuando el Perú ardía en diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023. Vino acá con los alcaldes de la región Ayacucho y me dijo: ‘ hermana Dina, te voy a ayudar en esta pacificación. Ayacucho no se va a levantar’”, narró recordando la ola des protestas sociales que el 15 y 16 de diciembre en esa región, exigiendo la renuncia de la Presidente, el cierre del Parlamento y nuevas elecciones.
Pero todos esos argumentos no engañan a la ciudadanía y a la Fiscalía que la acusa de cohecho pasivo impropio, definido como delito cometido por unl funcionario que acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente, donativos o beneficios indebidos para realizar un acto propio de su cargo, sin incumplir con su obligación.
El Código Penal establece para ese delito una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años, además de una inhabilitación que va de 180 a 365 días y una multa.
Si el funcionario solicita el soborno, se le sanciona con una pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, junto con una inhabilitación que va de 180 a 365 días y una multa.
Boluarte también es investigada por el presunto delito de omisión de consignar declaraciones en documentos en agravio del Estado, que se sanciona hasta con seis años de cárcel. Aademás es investigada por la Fiscalía de la Nación por presunto enriquecimiento ilícito, que se sanciona con una pena de entre 10 a 15 años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargo público.
