La Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro se une al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, esta semana advirtió que la iniciativa del congresista Jorge Montoya busca evitar y frustrar las investigaciones contra altos funcionarios del Estado y “volver a los años 90”. Se trata del proyecto de ley de la bancada de Renovación Popular para “declarar en emergencia y reorganización al Ministerio Público” (MP).
Dichos fiscales publicaron un pronunciamiento en el que alertan que la iniciativa que promueve el congresista Jorge Montoya busca “quebrantar el orden constitucional y el Estado de derecho”. Señalan, e invocan “el respeto a la autonomía e independencia del Ministerio Público que se pretende vulnerar con el cuestionado proyecto de ley”.
El documento recuerda que el MP es un organismo constitucionalmente autónomo, encargado de la defensa de la legalidad y de los intereses públicos y de velar por la recta administración de la justicia. “En cumplimiento de estos preceptos, todos los representantes del Ministerio Público debemos ejercer nuestras funciones de manera independiente, y dicha independencia debe ser garantizada y respetada por todos los poderes del Estado”, indican.
Este pronunciamiento respalda al firmado el pasado jueves por el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, para quien el proyecto de ley es “abiertamente inconstitucional” y busca “evitar y frustrar las investigaciones” que realizan los equipos especiales “Lava Jato”, “Cuellos blancos del puerto”, los casos con víctimas durante las protestas sociales y de “Corrupción en el poder”.
Montoya plantea el cese inmediato a los fiscales supremos titulares aduciendo que han “perdido la garantía de su permanencia en el servicio por inobservancia e idoneidad propias de su función” y que sus cargos “serán cubiertos por los fiscales superiores titulares del país en orden de antigüedad en el número señalado por ley, hasta que se elija a sus respectivos titulares”.
Además, dicho proyecto contempla que la nueva Junta de Fiscales Supremos tendrá un plazo de 180 días para “evaluar y separar al personal administrativo y fiscal no idóneo, así como diseñar e implementar las acciones de reorganización, y proponer las iniciativas de reforma legal necesarias para superar las deficiencias y problemática de la organización y el servicio fiscal a nivel nacional”.
