Por investigaciones que comprometen a Keiko, sin ningún rubor, Fuerza Popular arremete contra el TC, Fiscalía, CNM, ministro Basombrío y el presidente PPK.
Por Henry Cotos Campeán
Vista en su conjunto, la arremetida fujimorista configura un escenario evidentemente golpista, tal como lo advirtió ayer la magistrada del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma. No solo por la acusación a cuatro magistrados de esa institución, sino también por la denuncia contra el fiscal de la Nación Pablo Sánchez, la acusación al ministro Carlos Basombrío y la insistencia para interrogar al presidente Pedro Pablo Kuczynski en la comisión Lava Jato.
Valerosa actitud del Fiscal Sánchez al enfrentar amenazas de fujimoristas.
Ledesma, al manifestarse por la investigación a los cuatro integrantes del TC, por haber cometido el presunto delito de prevaricato por emitir un nuevo fallo que otorga la condición de lesa humanidad al caso de El Frontón (1986), dijo que si la bancada fujimorista pretende desestabilizar a las instituciones, se estaría ante un escenario golpista.
Ante la denuncia contra Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos Núñez, la magistrada recalcó que el caso no está cerrado y explicó que presentaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el amedrentamiento recibido por parte del Parlamento.
“Hemos ido a la CIDH a plantear una denuncia para que nos acompañe en el proceso de acusación constitucional a la que estamos sometidos cuatro magistrados por haber corregido un pedido del procurador del Estado para que se haga el conteo de votos en el caso El Frontón”, dijo.
“Si yo busco descabezar, descontrolar a las instituciones que garantizan los derechos fundamentales y el orden constitucional, de hecho, podría sostener que estamos trabajando un escenario golpista para legitimar situaciones que a futuro se podrían dar”, agregó Ledesma.
Aseguró que no existe ninguna alteración de decisiones firmes o la cosa juzgada como se alega y el PJ es el que ha declarado que este caso es de lesa humanidad, “pero los señores de la Marina han ido al TC para decir que se pronuncie. Ese pronunciamiento se pidió el 2013 pero no se logró la mayoría de 4 votos para pronunciarse si era o no de lesa humanidad, entonces el procurador del Estado ha planteado que se corrija ese conteo de votos”, explicó.
La destitución de los magistrados denunciados obligará a que se nombre a otros cuatro, y ese escenario es el que busca el fujimorismo, pues con su mayoría parlamentaria, obviamente, pondrá a magistrados que puedan responder a sus intereses, lo que sería un verdadero golpe al Tribunal Constitucional, cuyos integrantes deben tener independencia a la hora de tomar decisiones sobre la correcta aplicación de las normas constitucionales.
Para la opinión pública los fujimoristas denuncian al fiscal por investigar a Keiko.
Contra fiscalía
No conforme con querer maniatar y vulnerar la independencia del Tribunal Constitucional, el fujimorismo ha decidido descabezar el Ministerio Público debido a las investigaciones que se vienen realizando contra Keiko Fujimori bajo la Ley de Crimen Organizado.
Keiko y sus asesores no ocultan su temor por lo que vaya a declarar Marcelo Odebrecht en el interrogatorio al que será sometido el 9 de noviembre por el fiscal José Pérez Gómez, y desde ya vienen ejerciendo presión a la fiscalía con el apoyo de los apristas, que tampoco ocultan su preocupación por lo que pueda decir el brasileño sobre Alan García. En este caso se han juntado dos bandos que quieren evitar las investigaciones a como de lugar.
El pintoresco Héctor Becerril ha dejado en claro la posición fujimorista al señalar que rechaza las investigaciones bajo la modalidad de crimen organizado, pues eso implica que Keiko será investigada al menos tres años y eso puede afectar su campaña electoral. Es decir, la reacción fujimorista tiene su fundamento en una molestia de corte electoral.
La respuesta del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez ante la amenaza fujimorista, no ha caído nada bien a Keiko y sus voceros. Frente a la intención de Fuerza Popular de destituirlo, Sánchez ha dejado en claro que no dará su brazo a torcer y las investigaciones continuarán, les guste o no les guste a los investigados y caiga quien caiga.
Lo que diga mañana Barata puede generar un terremoto entre los apristas y fujimoristas.
Temen a Marcelo
Para el exmagistrado Avelino Guillén, el objetivo de la denuncia constitucional que presentó el fujimorista Daniel Salaverry (Fuerza Popular) contra el titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, es amedrentar al fiscal José Domingo Pérez, magistrado que interrogará este jueves a Marcelo Odebrecht sobre las anotaciones en su agenda referidas a Keiko Fujimori.
Sostuvo que tienen temor de esa diligencia y por lo que vaya decir Odebrecht al fiscal José Pérez Gómez. “Lo que se quiere es arrinconar al Ministerio Público, y decir no tenemos ningún empacho ni temor en denunciar al propio fiscal de la Nación, y si eso se hace con el ‘número 1’, cualquier otro fiscal de diferente instancia también puede ser objeto de una persecución judicial”, dijo en Ideeleradio.
Investigación cero
En opinión de Guillén, los fujimoristas “quieren controlar a ese fiscal (Pérez Gómez) a través de una denuncia contra el fiscal de la Nación. ¿Qué hubiera pasado si el MP hubiera bajado la cabeza y no hubiera reaccionado? El objetivo de la denuncia constitucional es José Domingo Pérez, a través de Pablo Sánchez; quieren parar esa investigación, encorsetarla”.
Consideró que lo que busca Fuerza Popular es inhabilitar a los fiscales que afecten sus intereses o investiguen a sus líderes y es una amenaza directa al Ministerio Público, que se enmarca en una estrategia para copar el Estado.
“Al plantear esta denuncia constitucional, si se declara fundada, se puede inhabilitar y destituir al funcionario. Es una amenaza directa, pero acá los cuestionamientos son de orden funcional, y en la hipótesis de que esto se quiera cuestionar de orden funcional, una vez que concluya la investigación esto puede ser llevado al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)”, señaló.
Los 15 millones
La reacción fujimorista se debe también a la reapertura de la investigación por el presunto lavado de 15 millones de dólares que habría hecho Joaquín Ramírez a Keiko Fujimoir, que se llevará a cabo también bajo la Ley de Crimen Organizado. La sumatoria de casos ha generado alarma entre los asesores fujimoristas, pues cada vez está más cerca la posibilidad de una orden de prisión preventiva.
Tal como lo dijo Rosa María Palacios, si es que la justicia fuera igual para todos, Keiko ya estaría en prisión, tal como lo están Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes purgan prisión teniendo menos acusaciones y menos procesos que la hija del reo Fujimori.
Basombrío
Pero los ataques fujimoristas no solo son contra los órganos que administran justicia por las investigaciones a Keiko, también buscan debilitar al gobierno, primero investigando al ministro del Interior, Carlos Basombrío, para ponerlo contra las cuerdas y luego irán por el mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Por lo pronto, Úrsula Letona endureció ayer su posición frente al mandatario, al señalar que tiene la obligación de asistir a la comisión Lava Jato pues se le está investigando por su participación en el tema de la Interoceánica – Odebrecht cuando fue ministro de Alejandro Toledo.
La intención del fujimorismo es clara y apunta a debilitar al gobierno y a la estructura del Estado en todos sus frentes. Desde el Congreso quieren tomar el control del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público e incluso recomponer el Consejo Nacional de la Magistratura y maniatar al Ejecutivo interpelando a ministros como Carlos Basombrío.
Algo más
Avelino Guillén consideró que la denuncia de Salaverry contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, es una maniobra torpe, burda y arbitraria del fujimorismo para intimidar, amedrentar, y no tiene ningún sustento en la ley.
Diario Uno, 08.11.2017
