El Poder Ejecutivo observó la autógrafa de ley que planteaba autorizar al personal de serenazgo municipal a utilizar armas no letales durante su servicio de seguridad ciudadana.
El régimen de Dina Boluarte remitió para ello un oficio al presidente del Congreso, José Williams, donde señala que la “fuerza pública es ejercida de forma exclusiva por la Policía Nacional del Perú y, excepcionalmente, por las fuerzas armadas en las situaciones expresamente previstas en el texto constitucional”.
El Ejecutivo señaló que sólo debe autorizar el uso de medios de defensa, como las varas tonfa y escudos para los serenos, pero no permitir el uso de grilletes para las intervenciones, debido a que estos dispositivos está destinados al arresto, ejerciendo la fuerza del Estado; por lo que “sólo la Policía Nacional del Perú se encuentra facultada a realizar el arresto”, indica el documento.
Otro punto argumentado por el gobierno es que no resulta viable que las Fuerzas Armadas estén a cargo de las capacitaciones a los serenos municipales, debido sus acciones están orientadas a la guerra, lucha contra el narcotráfico y terrorismo, cuyo armamento y equipamiento está diseñado para dichos fines, lo cual es muy diferente de las funciones para la lucha contra la inseguridad ciudadana.
