Graña y Montero se hunde por ley fujiaprista

Empresa Odebrecht se lleva al hoyo a sus socias peruanas

La empresa Graña y Montero (GM), socia en el Perú de la constructora brasileña Odebrecht, está en peligro de quebrar, luego que el fujiaprismo aprobara la norma que modifica el Decreto de Urgencia 003.

Esta norma podría destruir a una empresa peruana porque afectaría a 150 proyectos actuales como la operación de la Línea 1 del Metro de Lima, la operación de la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales de La Chira; las operaciones petroleras de los lotes I, III, IV, V, entre otros.

Gustavo Guerra García.

El economista Gustavo Guerra García dijo que la Ley 1410/2016CR, al establecer restricciones a empresas a las que no se ha sentenciado ni se les ha probado delitos, vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia y libre contratación, entre otros.

“Estos son derechos que tienen protección constitucional y que por tanto es previsible que el sector empresarial, la Confiep, Graña y Montero y otros combatan la Ley con ferocidad. Por ello, es previsible que esto profundice la conflictividad y el choque de poderes. Esta será una razón más para tratar de remover a los miembros del Tribunal Constitucional de modo que la Ley no sea cuestionada”.

Fujimorismo 

Refirió que el fujimorismo va a utilizar la Ley como explicación a la carátula de El Comercio, que indica que Marcelo Odebrecht confirmó que se financió a Fuerza Popular el 2011 y a todos los candidatos con opción.

“Por todo lo anterior no me queda claro que en el choque de intereses la Ley prospere. Si el Ejecutivo promulga la Ley sí generará problemas graves a Graña y Montero que estará afectada por las restricciones impuestas y por las afirmaciones publicadas en el Comercio en relación a que sabían sobre los sobornos”.

“Me imagino que Graña y Montero que tiene más del 80% de sus negocios en el subsector inmobiliario debe estar muy arrepentida de haberse asociado a Odebrecht para participar en las obras. Han destruido su reputación por un plato de lentejas y es evidente que su sistema de Compliance no evaluó los riesgos reputacionales y de corrupción de forma adecuada. Una lástima que esto haya ocurrido en una de las empresas más serias e innovadoras del país. La caída de las acciones de la empresa ya reflejan la crisis que se avecina”.

Manuel Dammert.

A su vez, el congresista Manuel Dammert dijo que Graña y Montero ha salido muy afectada con los escándalos de Odebrecht. “Ha pasado por agua tibia en un contexto en el cual una empresa tan comprometida corruptamente queda imposibilitada para poder trabajar con el Estado. Con este proyecto no va a quebrar simplemente va a apelar a otros mecanismos para presionar al Congreso y a sus operadores. Sin duda, va a travesar por un gran remezón y una crisis”, dijo.

Manuel Lajo.

El economista Manuel Lajo dijo al Diario UNO que Graña y Montero es una empresa con diversos negocios algunos muy rentables gracias a los arreglos irregulares de su socia Odebrecht y otros no tanto.

“Nueve meses demoró el Congreso en darse cuenta que los vacíos- deliberados o no del DU 003 favorecían la continuación de los negocios turbios de Odebrecht y sus socios peruanos como GyM. Antes de promulgarse la ley que modifica el DU 003 ya cayó el valor de las acciones en más del 20%”, manifestó.

“Creo que hay contradicciones entre Graña y Montero-El Comercio y los grupos económicos que usan a Keiko como su mascarón. Deberíamos saber eso para establecer claramente las dimensiones o modalidades de la venganza contra su exsocio hoy adversario”.

“Lo más grave es que las modificaciones del DU 003 que está haciendo la cúpula congresal no solucionan algunos de los más álgidos temas en su aplicación, por ejemplo, no dan criterios para determinar los daños y por ente calcular la reparación civil”.

Según un diario local, las declaraciones de Marcelo Odebrecht, realizadas en Curitiba (Brasil), el pasado 9 de noviembre y ante fiscales peruanos, dan cuenta que el director ejecutivo de la constructora brasileña tenía un contacto especial con GyM.

Las sanciones van desde el impedimento de sacar del país el dinero mal habido hasta obstaculizar las contrataciones con el Estado y el pago de una reparación civil a favor del Estado.

La medida también afecta a JJC Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A, empresas nacionales vinculadas, en distintos grados, al pago de coimas de Odebrecht por los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.

Correría el peligro de desaparecer

GyM dice el grupo empresarial “correría el peligro de desaparecer” pues existe una clara injerencia del poder político contra los derechos constitucionales de presunción de inocencia, derecho al trabajo, así como la libertad de empresa en el Perú.

GyM dice que la norma afectaría a 150 proyectos actuales que se vienen desarrollando a nivel nacional. Asimismo, perjudicaría a 32 mil trabajadores de la empresa, impactaría en 350 mil puestos de trabajo indirectos y a casi 10 mil empresas proveedoras.

La empresa dice que mueve aproximadamente el 1% del PBI del país y un eventual perjuicio causaría la pérdida de valor en millones de trabajadores que son parte de la empresa, a través de sus fondos de pensiones.

Algo más

Fuentes confiables de GyM que prefirieron la reserva sostienen que en las últimas semanas la empresa peruana intentó un acercamiento con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, a fin de dar a conocer su versión y pedir al gremio que interceda ante el gobierno, a fin de defender el puesto de trabajo de millones de peruanos involucrados directa o indirectamente con la empresa; sin embargo, se supo que el gremio no aceptó el pedido por considerarlo un chantaje.

Diario Uno, 12.11.2017