Desde que constituyó la empresa Red Medical Dental & Business en 2007, con un modesto capital de 9 mil 500 soles, a la ciudadana Cristy Cruzado Jiménez no le iba bien en el negocio como proveedora del Estado, hasta que en 2014 nombró como gerente a Segundo Becerril Rodríguez, hermano del congresista fujimorista Héctor Becerril Rodríguez. Ella suponía que el apellido Becerril le daría más peso a sus transacciones. Y así fue.
De pronto, Red Medical Dental, cuyo objeto era la “importación, exportación, distribución y materiales, equipos instrumentales y servicio técnico odontológico”, como consta en Registros Públicos, comenzó a ganar varias adjudicaciones, según el portal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).
Entre 2014 y 2017, Red Medical Dental & Business, cuando Segundo Becerril ejerció como gerente, facturó por más de 4,7 millones de soles. En los años anteriores, sin la participación de Segundo Becerril, la empresa solo había ganado contratos por 1 millón 400 mil soles.
La República intentó varias veces comunicarse con Segundo Becerril, pero no obtuvo respuesta.
Gerente estrella
Lo más llamativo del caso es que la ley prohíbe a los hermanos de los congresistas contratar con el Estado. En el periodo en que Segundo Becerril fungió como gerente de Medical Dental & Business, esta firma ganó 20 contratos con el Estado, contraviniendo las normas vigentes.
Uno de esos contratos es el que suscribió Cristy Cruzado con el alcalde del distrito de Aucallama (provincia de Huaral, Lima), César Balcázar Labrín, quien está preso cumpliendo pena por corrupción de funcionarios.
El 8 de agosto de 2014, el ex alcalde Balcázar aprobó la contratación de Red Medical Dental & Business, pero terminó su gestión sin abonar lo adeudado con la firma de Cristy Cruzado. Cuando el nuevo alcalde, Pedro Salguero Dulanto, reemplazó a Balcázar, recibió la visita de Segundo Becerril exigiéndole que pagara, como informó el programa dominical “Panorama”.
Pero el burgomaestre Salguero no solo recibió la presión de Segundo Becerril sino también la de su hermano, el congresista Héctor Becerril.
La República le preguntó al alcalde Salguero si se ratificaba en su versión, y respondió que, efectivamente, se reunió con Becerril, quien le pidió que le pagara a la empresa que gerenciaba su hermano Segundo Becerril. No obstante, el legislador fujimorista desmiente a Salguero y lo ha amenazado con demandarlo judicialmente si no se rectificaba.
Héctor Becerril tampoco respondió a las llamadas de La República para que ofrezca su versión.
Este diario entrevistó a especialistas en materia de contrataciones con el Estado y coincidieron en que Segundo Becerril, por ser hermano del parlamentario Becerril, está expresamente prohibido de contratar con entidades estatales.
Es un delito
El exfuncionario del OSCE Edgard Zúñiga Morán afirmó: “Así sea funcionario, empleado, trabajador o socio, un familiar que es pariente directo del funcionario y/o servidor público en segundo grado de consanguinidad, está impedido de contratar con el Estado”, indicó.
Y respecto a la presunta intromisión de Héctor Becerril para que un alcalde le pague una deuda a una empresa gerenciada por su hermano, el experto señaló: “La negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo del funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36º del Código Penal. Es clarísimo”, explicó Edgar Zúñiga.
“Si el funcionario público aboga por el familiar que tiene contratación con el Estado, está cometiendo tráfico de influencias. Efectivamente, la ley dice que, el que invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años”, recordó el especialista.
El penalista Carlos Caro Coria también señaló que la actuación de Segundo Becerril está penada por la ley.
“El Reglamento de Contrataciones del Estado es muy clara. Está prohibido que los familiares o parientes sean proveedores del Estado, de lo contrario se estaría cometiendo el delito de nepotismo. En el funcionario del Estado, como en el caso del congresista Héctor Becerril que pide que le paguen a su hermano, es aún más grave, porque existe el tráfico de influencias y eso está penado, según el Código Penal”, afirmó el abogado Carlos Coria.
Negocio fantasmal
La República ha detectado que la empresa Red Medical Dental & Business se presentó en las contrataciones con los organismos públicos consignando hasta tres diferentes direcciones. Reporteros de este diario verificaron que en ninguna realmente funcionó la proveedora del Estado que es gerenciada por Segundo Becerril (ver recuadro).
En la calle Manco Cápac 749, Trujillo, existe una bodega.
En la calle Juan Julio Ganoza 413, en Trujillo, es una vivienda familiar. No hay oficinas.
En la calle Zorritos 1134, en el Cercado de Lima, tampoco hay oficinas. Es un condominio.
Oswaldo Giraldo Gonzales, apoderado de Red Medical Dental & Business, y esposo de Cristy Cruzado, confirmó que Segundo Becerril trabaja para la empresa: “Becerril es el gerente de importaciones de la empresa Red Medical Dental, por esa razón lo contratamos. Él no es dueño de nada”. Pero por la ley, la empresa donde laboraba Becerril no podía contratar con el Estado. Y en relación a la intromisión del congresista Héctor Becerril, Giraldo dio una sorprendente versión: “Si Héctor Becerril no ayuda a su familia, menos nos va a ayudar a nosotros”.
Datos
Investigación. Debido a que el congresista fujimorista Héctor Becerril ha desmentido al alcalde Pedro Salguero, este ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la municipalidad de Aucallama.
Objetivo. El burgomaestre busca demostrar que, efectivamente, desde el despacho del congresista Becerril se hicieron las llamadas para coordinar una reunión en la que este le pidió que le pagara la deuda a la empresa de su hermano.
Fuente La República
