El Instituto de Defensa Legal planteó la recomposición de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público como una salida provisional a la crisis instaurada en esta institución a raíz de la implicación de sus más alta autoridades en presuntos actos delictivos.
Mediante un pronunciamiento, esta organización propuso que, para recuperar la legitimidad de la Junta de Fiscales Supremos y adecuar el desempeño al respeto de deberes funcionales, los fiscales Pedro Chávarry, Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez y Luis Arce, no deben continuar en funciones.
“Sus plazas deben ser reemplazadas por fiscales supremos provisionales, nombrados por quienes se encuentran fuera de los cuestionamientos e investigaciones del Ministerio Público en el caso CNM audios, hasta que se realice el nombramiento de los nuevos fiscales supremos”, señaló.
Indicó que los actuales miembros de la Junta de Fiscales Supremos deben ser conscientes de que el país les exige una “solución inmediata y transitoria” a esta crisis.
Añade que la permanencia de Chávarry en el cargo de fiscal de la Nación, y del resto de fiscales involucrados, viola varias normas esenciales de todo estado democrático de derecho.
Referencia
IDL hace mención a la sentencia del TC (exp. N° 00791-2014-PA/TC, de julio de 2014), referente al exfiscal Mateo Castañeda.
Este establece el precedente de que un informe fiscal en el cual se fija la presunta responsabilidad penal es causal para no poder ser elegido como fiscal supremo.
