Homicidas sostienen acuerdos con el Estado para depredar sus tierras denuncian
Criminales invasores asesinaron al monitor ambiental Cristian Javá, joven indígena urarina de la comunidad nativa La Petrolera, quebrada del Patoyacu, afluente del Chambira, distrito de Urarinas, provincia y departamento de Loreto.
Javá junto con otros comuneros de La Petrolera se habían dirigido a retomar sus tierras, donde los invasores tendieron una emboscada y lo ultimaron con armas de fuego. Además, quedaron quedaron heridas cinco personas: el apu de la comunidad, Robles Pisco Torres, y los comuneros Weyder Java Rios, Royer Garcia Yuimachi, Andres Sandi Taricuarima y Angel Ocmin Flores.
La Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pedro de Tipishca (ACODECOSPAT), organización indígena que agrupa a 64 comunidades kukama y urarina de las cuencas del Marañón, Chambira y Patoyacu, citada por Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT), informó que el asesinato fue perpetrado este el 17 de abril.
Fiscalía dio la espalda a los comuneros
Los comuneros relataron que los invasores desde hace meses amenazaban a la población de La Petrolera; e incluso estaban impidiendo con amenazas labores de remediación ambiental y vigilancia en zonas cercanas a sus asentamientos. Esto ya habría sido denunciado ante la Fiscalía de Nauta, pero ninguna acción fue tomada por dicha institución.
La federación informa que, tras los problemas para la evacuación de los heridos en helicoptero, debido al mal tiempo, lograron coordinar, a través de la empresa Pluspetrol Norte (actual operadora del Lote 8), la llegada de una hidroambulancia de la Clínica Tucunaré para su posterior traslado a la ciudad de Iquitos.
El 18 de abril, los heridos llegaron al hospital de Iquitos, donde el apu Pisco fue sometido a cirugía. El estado de salud de todos es estable por el momento.
Homicidas sostienen acuerdos con el Estado para depredar sus tierras denuncian
La federación ACODECOSPAT denuncia que las invasiones a los territorios comunales en el Chambira y Patoyacu responden a intereses económicos de personas que acuerdan con la empresa y el Estado la implementación de proyectos de “desarrollo” (como sistemas de saneamiento) para poder lucrar a través de ellos. A su vez, señalan que la desconfianza de las comunidades nativas hacia personas que invaden sus territorios se debe a los derrames que son ocasionados por ataques al oleoducto y que están directamente relacionados a los intereses de empresas de remediación.
2 comentarios
A quien debería de matar son a esos hijos de puta fiscales
la fiscalia dedicada a estupideces como investigar al alcalde de Huancayo para ver si hablo o no hablo discriminando a venezolanos