En una medida que bate los récords de celeridad en la justicia peruana, el Ministerio Público logró una orden de detención contra la cuñada del presidente y otros investigados por el ofrecimiento de una obra en Cajamarca. Castillo denuncia plan mediático y en sintonía con los apetitos vacadores del Congreso.

Tras permanecer varias horas en Palacio de Gobierno, miembros de la Fiscalía y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional no encontraron a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, contra quien lograron una orden de detención preliminar en el marco de la investigación que se dirige por el ofrecimiento de obras de saneamiento en una localidad de Chota, Cajamarca.

Tanto la Fiscalía como el equipo de la DIVIAC (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad) tuvieron la certeza de hallarla en la casa al interior de Palacio, no obstante, no se pudo encontrar a la cuñada del jefe de Estado dado que también el personal del Ejecutivo no permitió el ingreso del personal fiscal y policial por más de una hora.

El Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) solicitó desde la semana pasada que se dicten 15 días de detención contra Paredes y los hermanos empresarios Anggi y Hugo Espino, y el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, quienes sí pudieron ser ubicados y detenidos por el Ministerio Público.

ACUSA PLAN MEDIÁTICO

Tras las diligencias, el presidente Castillo acusó en un mensaje a la Nación que a pesar de haber sido elegido democráticamente en un proceso limpio y transparente, hay un plan mediático en su contra y que apunta a la captura del poder.

En esa línea, cuestionó que Palacio de Gobierno y la residencia presidencial hayan sido “violentados por un allanamiento ilegal”, coincidentemente mientras se busca su destitución en el Congreso con una acusación por traición a la patria.

“Buscamos el diálogo desde hace más de un año, pero encontramos como respuesta acciones de vacancia, acusación constitucional, suspensión o renuncia”, dijo.

Sin embargo, advirtió que quienes buscan “quebrantar el orden constitucional”, son los mismos personajes que meses atrás denunciaron un fraude inexistente.Asimismo, indicó que la Fiscalía buscó doblegarlo al allanar su domicilio en busca de Paredes.

“Hago un llamado a las fuerzas democráticas a unirse en defensa del estado de derecho, el orden democratico y la voluntad popular. Podrán tener medios, podrán tener dinero, pero no tienen al pueblo”, concluyó.

Yenifer Paredes

ORQUESTADO CON LA DERECHA

Previamente, su abogado, Benji Espinoza, recordó tras las diligencias fiscales que Yenifer Paredes no vive en Palacio de Gobierno, sino en Cajamarca.” Pese a que la fiscalía lo sabe, pidió ingresar a la residencia familiar en Palacio. ¡Desproporcionado, irrazonable, abusivo el allanamiento!”, publicó en su cuenta de Twitter.

El excongresista por Acción Popular, Yohny Lescano. manifestó que “la ‘justicia’ peruana tan solícita y rápida contra gente que no es del establishment y tan lenta contra corruptos probados que deberían estar detenidos”. “Por eso nuestro Perú está atrasado y dominado por grupos económicos corruptos y políticos mafiosos apoyados por la gran prensa”, señaló en sus redes sociales..

Por su parte, la congresista Silvana Robles señaló que lo de la Fiscalía fue un “show orquestado” junto a la derecha golpista. “Acuden a Palacio de Gobierno como si Yenifer Paredes viviera ahí. Orden de detención preliminar arbitraria. El objetivo no es la familia, ni asesores, sino el presidente”, apuntó.

ACTUACIÓN ILEGÍTIMA

Para el abogado Paolo Aldea, las diligencias del Ministerio Público no pueden ser acusadas de ilegales. “Sin embargo, esto no significa que sean legítimas o constitucionales, en tanto transgreden la proporcionalidad que exige el artículo 200 de la Constitución en toda decisión fiscal o judicial. Esta medida no se condice con el principio de proporcionalidad y razonabilidad, y es este canon de proporcionalidad el que convierte en una decisión, además de legal, en constitucional”, declaró a Diario Uno.

Aldea indicó que, a su parecer, los representantes de la Fiscalía no agotaron los medios para ejecutar la orden. “Se han conformado con una respuesta formal para generar los indicios que permitan una investigación adicional por encubrimiento. Sin embargo, creo que no existe encubrimiento, porque esto no se configura cuando se trata de familiares en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”, comentó.

URGE DETENER DICTADURA FISCAL

Por otro lado, consideró que la defensa de Castillo tendría que evaluar recurrir al Poder Judicial a fin de hacer un contrapeso al trabajo con sesgo ideológico del Ministerio Público.

“No en el sistema penal, sino en un juzgado constitucional, que sería la última reserva de garantismo que existiría en el Poder Judicial, y la defensa ya debería pensar en una estrategia”.

El jurista advirtió que es necesario poner un freno a una inminente dictadura fiscal, que finalmente terminaría con más poder que el Congreso, al requerir de solo “un voto” , el de la fiscal de la Nación, y no de los 87 que necesita el Congreso para derrocar a Castillo.

“Si no se hace nada, esto va a crecer, cada vez los errores en la defensa técnica están permitiendo al Ministerio Público y a una línea de opinión que guarda el mismo interés, de poner interpretaciones demasiado flexibles frente al garantismo de los derechos del mandatario”, dijo.

“Tan evidente es el sesgo político del Ministerio Público que parece una evidencia que existe un plan golpista sino también una agenda y un calendario para ejecutar ese plan. El mismo día que se discute un informe por traición a la patria en el Congreso, simultáneamente se toma una decisión que políticamente representa un golpe fuerte para el presidente. Se está cocinando un golpe al estilo de lo que ocurrió en Bolivia hace unos años”, agregó.

COMPLICIDAD EN LA JNJ

Asimismo, Aldea consideró que resulta muy grave el silencio de la Junta Nacional de Justicia respecto a la conducta de la fiscal de la Nación, quien semanas atrás separó a la fiscal que investigaba a su hermana, Enma Benavides. “Una conducta grave en el ejercicio funcional de jueces y fiscales es tomar decisiones para beneficiarse o beneficiar al entorno familiar. Más aún, esta infracción se agrava cuando el rol del magistrado es de mayor responsabilidad. Se ha evidenciado una decisión de la fiscal de la Nación que rompe la objetividad con que tendría que actuar. La JNJ está asumiendo un silencio peligroso que pone en tela de juicio sus decisiones respecto a la designación de fiscales y jueces supremos”, apuntó.

DENUNCIA MAMARRACHO

Acerca de la denuncia por traición a la patria contra el presidente Castillo, el abogado Benji Espinoza manifestó que “es jurídicamente insulsa, es jurídicamente endeble, es débil, es inconsistente”. “Dice ‘hubo intención’ […] si hubo intención, entonces no hay delito porque el derecho penal no es de ánimos, de lo que yo pretendo o quiero, es de acto. Si no hay acto criminal no hay delito ¿Qué acto de traición a la patria hubo en el presidente? Ninguno”, declaró a TV Perú.

En ese sentido, reiteró que no se cometió el delito de traición a la patria y, por ende, “el destino de esa denuncia constitucional debe ser el archivo”. “Es más, si uno ve toda la declaración que se da en CNN al periodista Rincón, en realidad si uno transcribe todo (y) no una parte, el propio presidente dice ‘yo no le voy a dar salida al mar (a Bolivia), vamos a consultar’, eso es lo que dice y eso no es traición a la patria, y si no hay traición a la patria el caso debería ser archivado”, detalló.

Con información de Diario Uno, 10.08.2022

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