La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por presuntamente haber perpetrado delitos de tráfico de influencias y colusión cometidas durante las visitas clandestinas en su casa de Breña con la lobista Karelim López, las adjudicaciones de contratos del Puente Tarata III y la compra de Biodiesel, tras la licitación de Petroperú.
La apertura de dicha investigación fue notificada a Castillo y al procurador general del Estado, Daniel Soria. En ese momento, el mandatario participaba en la ceremonia de apertura del año judicial 2022.
La investigación se sustenta en el artículo 117.° de la Constitución y alude a los antecedentes de presuntos dolos por los cuales se procesa el expresidente Martín Vizcarra.
Según el artículo 117.°, «el presidente solo puede ser acusado durante su período, por traición a la Patria; por impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones».
El Ministerio Público investigará los escándalos de las visitas de sujetos como Karelim López a la casa del pasaje Sarratea en Breña y las reuniones exsecretario general de Presidencia, Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno, con la posterior adjudicación por parte de Provias, de un contrato al Consorcio Puente Tarata III. La señora López ingresó como representante de Termirex y el Grupo Arose, ambas empresas miembros del consorcio ganador, según reveló el diario La República.
En investigación también se prevçe las visitas del empresario Samir Abudayeh a Palacio el 15 y 18 de octubre por la decisión que el 28 de octubre tomó Petroperú de comprar a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) 280 mil barriles de biodiésel B100 por 74 millones de dólares. Abudayeh se reunió con Castillo Terrones coincidiendo con la visita del gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo.
