Delia Espinoza, fiscal de la Nación, solicitó a la Corte Suprema determinar la ilegalidad del partido Fuerza Popular (FP), que recibió el legado de la banda delincuencial responsable de execrables actos ilícitos dirigida por el criminal Alberto Fujimori, argumentando que se dedica a realizar acciones contra los principios democráticos que contravienen la normativa de partidos políticos.
El el pedido, presentado este miércoles 18 de setiembere, Espinoza Valenzuela señala que después de recibir una denuncia de la ciudadanía en marzo de este año, su despacho recopiló pruebas y evidencias que demostrarían que la organización encabezada por Keiko Fujimori, alias “señora K”, habría ejecutado de manera sistemática en conductas antidemocráticas.
La titular del Ministerio Público invoca la normativa que regula las organizaciones políticas, indicando que FP habría ejecutado acciones que violentarían las “libertades y derechos fundamentales”.
Así, FP habría fomentado agresiones contra la dignidad de jueces, servidores del Estado, adversarios políticos, comunicadores y empresas informativas, basándose en sus funciones, posturas ideológicas, actividades laborales y perspectivas políticas.
Acusa a FP de haber impulsado el alejamiento de legisladores de su organización por razones de divergencia política y libertad de pensamiento, además de intentar justificar agresiones contra la existencia e integridad de las personas víctimas de la época del terrorismo, entre 1990 y 2000.
La magistrada expone que FP habría “legitimado la violencia” como método para alcanzar metas políticas y que todos los actos detallados constituyen “acciones antidemocráticas previstas taxativamente en el primer supuesto” de la legislación sobre agrupaciones políticas, lo que permitiría al Poder Judicial declararar ilegal la organización.
