Lima: Marcha de la Generación Z con demandas gaseosas y superfluas

Este sábado continuaron la serie de jornadas de manifestación de la llamada Generación Z, que se realizan en Lima canalizando la indignación de jóvenes, colectivos, gremios de transportistas y construcción civil, así como ciudadanos en general, ante la tolerancia del gobierno con la violencia delictiva, la corrupción y otros, sin embargo, los pedidos no pasan de ser un grito de molestia, no son peticiones concretas que ataquen los problemas principales.

Los manifestantes rechazan la corrupción, la incapacidad del gobierno contra la ola de criminalidad, la suspensión de la fiscal de la Nación Delia Espinoza y la reforma de pensiones.

Entre los manifestantes hay estudiantes universitarios, quienes deberían liderar la agenda de demandas, pero lo hacen de forma muy general. Si van a promover la protesta deberían plantear exigencias concretas para conseguir los objetivos de cambio que reclaman.

Corrupción

En cuanto a la corrupción, un pedido fundamental debería ser la prohibición de que postulen a cargos de elección y a trabajos en el Estado personas que estén siendo investigadas por la Fiscalía por cualquier delito, ya sea doloso o culposo. Es cierto que puede haber denuncias infundadas, pero si la Fiscalía acoge una denuncia o investiga de oficio, siempre y cuando la investigación haya concluido al menos la fase preliminar y se encuentre en investigación preparatoria, lo actuado debería ser suficiente para impedir que una persona postule a cualquier cargo estatal de elección o concurso.

Que una investigación culmine la fase preliminar y siga a la preparatoria implica que las diligencias preliminares muestran indicios reveladores de la existencia de un delito, por lo cual el fiscal debe disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria.

Las leyes influenciadas por el hampa congresal sólo prohiben la postulación a cargos de elección a quienes hayan sido sentenciados por algunos delitos graves, no todos. El Congreso, plagado de gente de bajos fondos, en diciembre de 2024 impidió la aprobación de una ley que prohibía postular a los sentenciados en primera instancia, en el Poder Judicial (PJ) por cualquier delito doloso, lo cual fue un intento mediocre de mejorar los filtros.

Es una burla a la ciudadanía esperar que un caso pase de la Fiscalía a largos años o décadas de procesos judiciales para llegar a una sentencia de primera instancia en el PJ, tiempo que es aprovechado por presuntos delincuentes para instalarse en el aparato estatal y agravar el cáncer de la corrupción.

Pero así es la ley actual, a la medida de una “señora K” y otros presuntos delincuentes procesados por corrupción, que aprovechan este grave defecto de la ley para postular y otros lo usan para entrar en el Estado a ocupar cargos por concurso o de confianza, como es el caso del gabinete ministerial, que batió el récord histórico de ministros con investigaciones abiertas.

La demanda de los manifestantes contra la corrupción debería ser concreta, pedir una ley que impida ocupar un cargo estatal por postulación, concurso o por ser cargo de confianza, a toda persona que tenga proceso ya en el PJ, sin sentencia todavía, o que haya pasado al menos a la fase de investigación preliminar. Incluso debería considerarse prohibición no sólo por delitos, sino por faltas, como deber a la Sunat, no pagar alquileres (donde frecuentemente se explota a ancianos propietarios),  y otras, así no tendríamos cerdos que deben a la Sunat y pretenden ser presidentes.

A esta propuesta, los políticos de siempre alegarán que no se puede restringir el derecho a ser elegido, pero más importante que eso es el derecho de los ciudadanos de bien a no ser gobernados por delincuentes, por lo que deben realizarse todos los cambios necesarios en el ordenamiento legal.

Otra medida que urge es la eliminación de la autonomía presupuestal en el Congreso, pues se ha convertido en un antro de parásitos que derrochan el erario nacional mientras tenemos escuelas y hospitales en estado calamitoso.

Criminalidad

La Generación Z sólo manifiesta rechazo, pero debería pedir medidas efectivas, no una sino un conjunto de éstas, por ejemplo, sabiendo que la migración venezolana y colombiana han traído delitos salvajes por cientos de miles.

Por ejemplo, se aprobó el impedimento de ingreso a extranjeros que no tengan contrato de trabajo, pero es letra muerta, pues hay cientos de miles de extranjeros sin este contrato, los cuales deberían ser expulsados, concretamente, venezolanos y colombianos, que son las nacionalidades que más daño han hecho al Perú, y si los países de origen se niegan a recibir a los deportados, hacer como Donald Trump, que anunció fuertes castigos a Venezuela.

El Perú podría aplicar una serie de medidas contra Venezuela, como la prohibición de transferencia de dinero a ese país, entre otros, pero el Perú opta por la inacción.

Otras medidas son, además de todas las normas en favor del crimen promulgadas por el hampa congresal, la prohibición de dos personas en una moto, el refuerzo del control fronterizo ahora casi abandonado, la prohibición de colocar stickers en vehículos y locales para evitar el marcado de los criminales, cambiar el control de documentos en la vía pública por el registro exhaustivo de personas y vehículos cerrando calles, lo cual ayudaría a detectar portadores de armas y a evitar que se usen a discreción, entre otras.

Ver también

Urgen nuevas medidas sobre cancelación de brevetes para luchar contra la delincuencia

Servicio “delivery” debe regularse para luchar contra la delincuencia

Prohibición de dos personas en moto, otra norma que duerme en el Congreso

Bancos deberían proteger a clientes de los “marcas” y no desentenderse

Despliegue de policías debería incluir registro exhaustivo de ciudadanos en estado de emergencia

Debe prohibirse el uso de calcomanías y otras marcas autoadhesivas para luchar contra la extorsión

Reforma del sistema de pensiones

La demanda de Generación Z en materia laboral es superficial y parece responder a la necesidad de seguir los titulares de moda, pues la reforma del sistema de pensiones es sólo un accesorio en el gran problema del empleo. Si bien es cierto que la ley debe ser equitativa para los trabajadores, pensionistas, Estado y AFP, eso afecta a una pequeña porción de trabajadores de todo el país, que son los formales.

Los principales puntos de la agenda de empleo son la falta trabajo formal y las bajas remuneraciones de la gran mayoría de trabajadores, lo cual guarda relación con una pobre calidad educativa y las leyes dadas por influencias corruptas para favorecer a las grandes empresas en perjuicio de los trabajadores y del Estado. Se favorece a las grandes empresas con incentivos tributarios y otros estímulos que reducen la recaudación fiscal, sin obligarles a otorgar remuneraciones decentes a los empleados.

El otro gran problema es el festín de planillas doradas estatales en unas instituciones y magros sueldos para empleados de ciertos sectores, por lo que urge la aplicación de una escala remunerativa única en todo el Estado: a igual profesión, experiencia, cargo y rendimiento debería corresponder igual remuneración. Los políticos llevan décadas pregonando la aprobación de esa escala única, pero una vez elegidos se burlan de los electores.

Por ello y por su propio interés, estudiantes y jóvenes manifestantes, que parte de ellos serán futuros empleados estatales, deben exigir que el Estado distribuya de manera equitativa, con meritocracia las remuneraciones y no como ahora, pocas islas de planillas doradas como en el BCR y otros, y mares de empleos estatales con recursos limitados.

Originalidad y oportunistas

Finalmente, los manifestantes deberían ser más originales y no importar nombres foráneos como Generación Z en lugar de un apelativo peruano, ni portar banderas de cómics extranjeros, como Piece One. De igual modo, deben evitar ser utilizados por oportunistas de partidos, pues sólo buscarán figuración y no impulsarán verdaderos cambios.