El ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, se presentó esta tarde ante el Pleno del Congreso de la República, para dar respuesta a los tres pliegos interpelatorios presentados en su contra.
Las interrogantes, 65 en total, están comprendidas en las mociones de orden del día 8108, 8111 y 8273, en las cuales se cuestiona la ineficiencia y falta de liderazgo del ministro del Interior para dirigir dicha cartera.
Además, las preguntas están dirigidas a las acciones que se vienen adoptando para hacer frente a la inseguridad ciudadana, convenios suscritos con empresas mineras, entre otros puntos.
Durante su intervención, el ministro Romero Fernández, sostuvo que la política de su sector es garantizar el estricto respeto a los derechos humanos en todas las operaciones de la Policía Nacional y que durante su gestión en ningún momento se ha empleado medidas represivas contra la población.
Respecto a los convenios suscritos con empresas mineras, expresó que cuentan con respaldo legal conforme a lo establecido en la sexta disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional.
“Estos convenios no son vitalicios, se suscriben por un tiempo determinado, previa evaluación, que permita determinar primero la necesidad de seguridad por parte de la empresa minera. Segundo, a la disponibilidad de recursos humanos para atender los requerimientos”, puntualizó.
Respecto a las acciones que realizarían las Fuerzas Armadas en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, bajo la declaratoria de emergencia, mencionó que estas apoyan a la macro región policial Piura y región policial Lima con personal y medios logísticos para la ejecución del Estado de Emergencia.
Asimismo, (las Fuerzas Armadas) apoyan la seguridad durante la ejecución de operaciones policiales en los puntos críticos previamente identificados por los órganos de inteligencia y comando operativo, bajo la conducción de la Policía Nacional.
El titular del Interior, mencionó que para hacer frente a la inseguridad ciudadana y la delincuencia, en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres y Sullana, se han desplegado 174 oficiales y 2350 suboficiales.
Para labores de patrullaje y despliegue de operativos policiales, mencionó, se cuenta con 106 automóviles, 107 camionetas y 166 motocicletas.
Romero Fernández informó que durante los tres últimos años se ha iniciado procedimiento disciplinario a 2466 efectivos policiales. Precisó que este año 2023 se ha registrado el mayor número de infracciones por parte de oficiales y suboficiales.
Señaló que durante su gestión se ha evidenciado que la actual legislación que regula el régimen disciplinario de la Policía no responde a la nueva casuística que ha generado dificultades en la administración de justicia disciplinaria por parte de los distintos órganos que conforman el sistema de disciplina policial.
En tal sentido, dijo que gracias a las facultades otorgadas al Ejecutivo, su sector presentará un proyecto de Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 30714, ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional para fortalecer la disciplina policial.
Ello, a través de la aplicación oportuna y eficaz de sanciones al personal policial, la simplificación procedimental, celeridad y medidas complementarias vinculadas a acciones de violencia contra integrantes del grupo familiar o cometidas bajo efecto de consumo de alcohol y drogas.
Las mociones fueron presentadas por legisladores de las bancadas de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Perú Libre, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Perú Bicentenario, Podemos Perú, Acción Popular, Avanza País – Partido de Integración Social y No Agrupados.
