La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) acordó la terminación anticipada del contrato de peajes suscrito con el Consorcio Rutas de Lima con la participación de los ladrones brasileños de Odebrecht, en perjuicio de los vecino de Lima, que se ven agobiados por las cobranzas.
A diferencia de otros países, donde los peajes se cobran en carreteras fuera de la ciudad, la corrupción organizó este festival millonario cargándolo sobre las espaldas de los limeños, siendo diverso puntos ubicados dentro del área de Lima Metropolitana, donde incluso parte de los tramos no son de tránsito rápido, sino vías congestionadas donde hay que pagar para transitar igual de lento.
Para mayor ventaja de Odebrecht, hasta se había impedido el acondicionamiento de vías alternas. Todo un negocio redondo para los brasileños.
Esta decisión de la municipalidad fue aprobada por mayoría absoluta “Por razones de interés público debidamente fundadas” este jueves y así el ahora llamado Consorcio Rutas de Lima, cumplirá un plazo tras el cual deberá retirarse.
Tras la firma, el alcalde Rafael López Aliaga señaló: “estamos siguiendo lo que dice el contrato, el contrato determina que cuando hay una violación del interés público, la Municipalidad de Lima tiene el derecho de declarar la terminación anticipada pagando las inversiones realizadas”.
Actualmente se calcula en unos 100 millones de dólares anuales la facturación de Rutas de Lima por los peajes, mientras que su inversión fue de unos 250 millones en los últimos nueve años.
López Aliaga explicó que la medida no es expropiatoria, subraya, es la de caducidad por grave afectación al interés público.
El alza continua del precio de los peajes ya tenía un carácter abusivo, por lo cual era necesario poner fin al contrato.
Además del precio del los peajes, la falta de vías alternas y la poca utilidad para los usuarios, por no ser vías rápidas, la empresa obtuvo la aprobación de una adenda por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
De igual manera, durante la corrupta gestión de Susana Villarán, en favor de Odebrecht se perpetraron 31 alteraciones ilegales que modificaron los términos del contrato en perjuicio de Lima.
