En el cuarto día de declaraciones en Curitiba, Brasil, el Equipo Especial “Lava Jato” interrogó por casi 9 horas a Luiz Eduardo da Rocha Soares, extesorero internacional de la empresa Odebrecht y uno de los personajes más importantes para la investigación que realiza la Fiscalía.
Su labor consistía en el manejo de sociedades offshore vinculadas a la constructora para ejecutar los pagos de sobornos a funcionarios públicos de los países en los que operaba.
Durante su testimonio, el exdirectivo confirmó la apertura de cuentas a beneficiarios en la Banca Privada d’Andorra (BPA), así como el uso de las mismas para el abono de los sobornos. Entre los exfuncionarios peruanos que recibieron este dinero, figuran Edwin Luyo Barrientos y Mariella Huerta Minaya, exmiembros del comité de licitación de la obra Metro de Lima.
Sobornos
En enero del 2017, el Ministerio Público ordenó la detención de Jorge Cuba Hidalgo, exviceministro del Ministerio de Transportes, y de Edwin Luyo, por recibir $8 millones de Odebrecht a cambio de la entrega del segundo tramo de la Línea 1 del Metro de Lima.
En la recepción de la coima, también fueron involucrados Miguel Navarro, exasesor de Cuba Hidalgo, y Mariella Huerta, presidenta del comité, así como otros personajes (ver infografía).
Fue durante el interrogatorio que Da Rocha “confirmó que en la BPA existen cuenta cuyos beneficiarios son Horacio Cánepa, Edwin Luyo, Mariella Huerta, Jorge Muñoz Cuba, Jorge Peñaranda y Gabriel Prado Ramos, con la finalidad de hacer pagos ilícitos”.
Además, según fuentes presentes en el interrogatorio, el declarante no reconoce por nombre a Cuba Hidalgo; pero sí recuerda que por lo menos se le ha abierto una cuenta en la BPA.
Fuentes ligadas a la diligencia indicaron a Correo que el exdirectivo se mostró colaborador y respondió a detalle las preguntas de las autoridades peruanas.
Contradicciones
Uno de los casos revisados durante las diligencias en Brasil fue el de Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú durante la gestión del expresidente Alan García y con quien mantiene una relación amical desde la década del 70.
Atala es investigado por un depósito de $1.3 millones que le hizo la empresa Odebrecht a una cuenta del BPA en el 2007.
De acuerdo con lo que explicó Atala a la Fiscalía, su socio Yamil Tali Hamideh le debía dinero y, como parte de pago, le cedió el producto de la venta de un terreno en El Agustino que hizo a Odebrecht. Atala señaló a la Fiscalía que Yamil Tali instruyó a la empresa brasileña para que el dinero fuera abonado a Ammarin Investment.
Ese predio nunca le perteneció al exfuncionario del segundo gobierno de Alan García, ya que desde 1962 ese terreno figuraba en Registros Públicos a nombre del Estado hasta el 2011, año en el que fue cedido de manera gratuita para la construcción del tramo 2 del Metro de Lima, obra a cargo de Odebrecht.
Tali no puede confirmar ni desmentir lo dicho por su socio Atala, porque falleció en enero del 2017.
Sin embargo, la fiscal Geovana Mori a cargo del caso señaló que el declarante precisó que no hubo ningún contrato entre Odebrecht y Atala, como este último lo sostuvo en alguna oportunidad.
“Asimismo, comentó que el propósito de las cuentas en el BPA era para efectos de pago de coimas y que la importancia de la entidad financiera era para ocultar las identidades de los funcionarios como beneficiarios finales de las cuentas”, resaltó.
Consultada por si la versión de Atala se desestimaría, fue enfática al señalar que las explicaciones “serán dadas por Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú”.
En otro momento, manifestó que lo más resaltante de lo señalado por el interrogado fue el propósito de las cuentas abiertas en la BPA.
“Todas las transferencias de dinero eran justificadas con contratos ficticios que fueron depositados en la Banca Privada de Andorra y de eso tenían conocimiento todos”, indicó la fiscal Geovana Mori.
Consultada una vez más sobre a cambio de qué habría recibido dinero Atala si la venta era ficticia, respondió que el tema “sería aclarado por Jorge Barata”.
“El distribuidor”
Gonzalo Monteverde Bussalleu es investigado en Perú por presuntamente haber creado empresas fachada para repartir los sobornos de Odebrecht en el país.
Su compañía Constructora Área SAC recibió en el 2008, en sus cuentas bancarias, dinero de las firmas Constructora Internacional del Sur y Klienfeld Services LTD (desde su cuenta en el Antigua Overseas Bank), ambas empresas offshore de Odebrecht dedicadas al pago de sobornos en Latinoamérica.
Además, es cuestionado por la transferencia de dinero que realizaron varias de sus firmas a Balmer Holding Asstes LTD, también offshore, manejada por el grupo Empresarial Odebrecht.
Precisamente, durante el interrogatorio a Da Rocha, este confirmó que las transferencias realizadas por la constructora a las empresas de Monteverde fueron por el pago de sobornos.
Aunque no dio a conocer a los beneficiarios, sí recordó que los pagos están vinculados a los proyectos peruanos Tren Eléctrico, IIRSA Sur, Costa Verde, entre otros.
Da Rocha contó ante los fiscales Walter Villanueva y Geovana Mori que se reunió dos veces con Gonzalo Monteverde, una en Perú y otra en Panamá, con la intención de coordinar el envío de dinero del departamento de sobornos hacia el Perú.
Sin pagos
Otra de las cuentas que investiga la Fiscalía tiene como protagonista a Gabriel Prado Ramos, exgerente de Seguridad Ciudadana durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán entre 2011 y 2013.
Desde setiembre del 2017, se tomó conocimiento de que Prado Ramos era beneficiario final y titular de una cuenta en la BPA, así como también lo fue en la offshore denominada Relton Holding en Panamá.
Por información remitida por el Principado de Andorra, se conoce que la offshore fue presentada ante la BPA por otra offshore, AEON Group.
Al respecto, Luiz da Rocha confirmó que se abrió en la BPA una cuenta que tenía como beneficiario a Prado Ramos, pero que en la cuenta finalmente no se hizo ningún pago.
Eduardo Roy Gates, abogado de Prado, sostuvo que su patrocinado no sabía que figuraba como beneficiario final.
“No se ha efectuado nunca una transferencia de dinero, ni de la empresa Odebrecht, ni de la empresa AEON Group hacia la cuenta de Relton Holding en la BPA. Esa cuenta nunca tuvo un depósito; en consecuencia, sino hay activos, no hay lavado de activos”, expresó.
En otro momento, señaló que el testigo no mencionó a Félix Moreno, su patrocinado e investigado ex gobernador regional del Callao.
“No ha mencionado nada relacionado al señor Moreno, ni ha podido; no ha dicho que se le ha entregado dinero ni a través de transferencias bancarias ni en efectivo”, comentó el letrado.
Sin embargo, se conoció que da Rocha declaró que el dinero que se transfirió a las cuentas de Gil Shavit fue de origen ilícito.
Shavit es un empresario israelí acusado de haber recibido el 40% de los $4 millones que pidió el ex gobernador regional del Callao, Félix Moreno, a la empresa Odebrecht para favorecerla con la licitación del proyecto vial Costa Verde-Tramo Callao.
En tanto, en Perú el fiscal Elmer Chirre interrogó por videoconferencia desde las 7 a.m. hasta las 2:00 p.m. (hora de Brasil) a un testigo protegido por las supuestas cuatro entregas de $600 mil a una cuenta offshore de la empresa Cirkuit Planet Limited, ubicada en Hong Kong, a nombre de Dirsse Valverden exgerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Áncash.
El dato:
- $24 millones en coimas habría pagado Odebrecht por el proyecto Metro de Lima, Tramos 1 y 2.
Fuente Diario Correo
