Millonaria conspiración. Como presidente de la Asociación de Tenedores de Bonos de la Reforma Agraria (ABDA), Pedro Olaechea sostuvo reuniones con magistrados del TC para convencerlos de que fallaran a favor de sus representantes, los que pretenden cobrar al Estado US$ 14 mil millones.
Por: María Elena Hidalgo
En representación de los propietarios nacionales y extranjeros de los bonos de la Reforma Agraria, Pedro Olaechea Álvarez-Calderón sostuvo reuniones con miembros del Tribunal Constitucional con la intención de convencerlos de que anularan un fallo que rechazó una fórmula de pago que exigían sus representados y que equivalía a un desembolso de US$ 14 mil millones por parte del Estado.
Magistrados en actividad y en retiro del TC confirmaron a La República que Olaechea y miembros de su familia son tenedores de Bonos de la Reforma Agraria y que este presionó al nuevo colegiado que asumió funciones en 2014, para que deje sin efecto el fallo del colegiado que les precedió, y de esta manera intentar el cobro de US$ 14 mil millones, señalaron las fuentes consultadas.
En esa época, Pedro Olaechea actuaba como presidente de la Asociación de Tenedores de Bonos de la Reforma Agraria (ABDA), que junto con la Asociación de Agricultores Expropiados por Reforma Agraria (ADAEPRA) reclaman al Estado que se les pague los bonos según el índice del precio al consumidor y una valorización actual de sus tierras, lo que fue desestimado por el TC.
“Cuando recién entramos al Tribunal Constitucional, en 2014 (bajo la presidencia de Óscar Urviola), Pedro Olaechea conversó con varios magistrados tratando de buscar que la decisión que había tomado el Pleno anterior sobre la fórmula de cálculo del bono de la reforma agraria se anulara”, indicaron las fuentes.
“Olaechea pertenece al grupo de personas que quiere desactivar la sentencia del TC que fijó el cálculo del bono de la Reforma Agraria. También está en ese grupo el expresidente del TC Carlos Mesía. Por eso está muy interesado en el TC. Mesía es de la idea de declarar la nulidad. Es de los que afirman que existió un supuesto vicio en la decisión del TC de ese entonces. Fue Mesía quien denunció al relator del TC, Óscar Díaz. Olaechea está en ese grupo y tiene interés en que se anule la resolución porque no está de acuerdo con sus intereses”, indicaron las fuentes del TC.
Consultado por La República, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Olaechea, descartó cualquier relación con la asociación de los bonistas o que exista un interés personal tras la designación de su primo Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea como integrante del TC (ver nota aparte).
Apetito de millones
Las fuentes del TC consultadas por La República –que accedieron a hablar bajo la condición del anonimato– no descartaron que la insistencia de Pedro Olaechea de que se reconozca a su primo Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea como nuevo integrante del TC podría estar relacionada con su interés de que un nuevo colegiado constitucional anule la resolución que reduce las expectativas dinerarias de los tenedores de los bonos de la Reforma Agraria.
“En esa línea de pensamiento, tener a un miembro de la familia en el TC tendría para Olaechea una lógica: conseguir un colegiado dispuesto a anular el fallo que impide a los dueños de los bonos cobrar lo que ellos piden. Desde que ingresó el nuevo colegiado, Olaechea pidió audiencia con todos los magistrados con la intención de desaparecer la decisión del TC”, explicaron las fuentes.
Olaechea y su gremio de bonistas creyeron que el nuevo TC sería más accesible a desechar el fallo que colisionaba con sus intereses económicos. Pero en julio de este año, el TC declaró improcedente la pretensión que de manera insistente pretendían, como también se les conoce. Querían que se anulase la resolución que en 2013 determinó que la deuda debía actualizarse con el sistema del dólar estadounidense, lo que no gustó a los bonistas. Ellos buscaban que se actualice con el Índice del Precio al Consumidor (IPC), lo que implicaba un pago de US$ 14 mil millones.
Fueron los magistrados Marianella Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales y Eloy Espinosa-Saldaña los que declararon improcedente el pedido de nulidad de los bonistas que en su momento fueron representados por Pedro Olaechea.
Sin embargo, los magistrados Ernesto Blume Fortini, José Sardón de Taboada y Augusto Ferrero Costa, votaron a favor de que se declarase fundado el pedido de nulidad para que se reajuste la deuda. No debería sorprender por obvias razones.
“Tener o no tener bonos es inconsecuente”
– “(El caso de los bonos agrarios) ya no está en sede nacional. La vía se agotó. Está en la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). El TC ya falló en contra. En el Perú la vía está agotada. Ya no estoy en la asociación (de bonistas) que litigó y perdió. No hay más”, dijo el congresista Pedro Olaechea a este diario.
– Consultado por si tanto él como su familia poseen bonos agrarios, prefirió no ser claro en su respuesta: “Tener o no tener resulta inconsecuente. Le doy un dato adicional: Viña Tacama es industria nacional. No tiene beneficios de la ley agraria”.
La República, 08.10.2019
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