El Poder Judicial (PJ) impuso la medida de impedimento de salida del país por 18 meses al protegido de la presidente Dina Boluarte, el exministro del Interior Juan José Santiváñez dentro del proceso que se le por el presunto delito de tráfico de influencias al estar implicado en un supuesto soborno de US$ 20.000 al Tribunal Constitucional (TC)para beneficiar a un investigado.
El pedido fue formulado por la Fiscalía, el cual fue acogido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, al declarar fundada su apelación sobre la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del 20 de marzo de este año, que había desestimado el impedimento de salida contra Santiváñez Antúnez argumentando que el censurado exministro contaba con arraigo laboral, domiciliario y familiar.
Dicha argumentación fue refutada por el Ministerio Público, que sostuvo que Santiváñez fue censurado por el Congreso y las oficinas de su estudio Santiváñez Antúnez Trial Lawyers SAC eran alquiladas y que los contratos de arrendamiento estaban vencidos desde diciembre de 2023.
La Fiscalía también indicó que, pese a que Santiváñez ocupa el cargo de Jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencia, es solo un puesto de de confianza con relativa permanencia y advirtió que su estudio de abogados cuenta con sedes en Chile y México, lo que podría considerarse como un peligro de fuga.
La Fiscalía señala que en 2021, Santiváñez tomó la defensa legal de Miguel Marcelo Salirrosas y presentó un recuso de casación, pero fue declarado inadmisible por la Corte Suprema en agosto de eseaño, así como el hábeas corpus en el Cuarto Juzgado de Investigación preparatoria de Trujillo.
Debido a ello, el exministro presentó ante el TC un recurso en agosto de 2022, un año antes de que su patrocinado sea detenido e internado en el penal El Milagro.
Cuando Santiváñez era ministro del Interior en 2024, fue contactado por un allegado a su patrocinado y dialogaron por WhatsApp. Santiváñez indicó al allegado que el resultado lo comunicaría a través de un primo y que “el tema era delicado y que si tenían que conversar algo pendiente lo hagan personalmente y no por vía telefónica”.
Los testigos protegidos, 01-2025-ElyDC y 02-2025-ElyDC, declararon que Santiváñez solicitó US$20.000 para los “asesores externos”, cuando realmente era para los magistrados del TC. El 19 de enero de 2024 Santiváñez solicitó de forma insistente la confirmación del ofrecimiento, y señaló que tenía esperando a los “amigos” para señalar fecha”; luego envió un mensaje, pero lo eliminó, y señaló: “’Para que vea señito que están trabajando ya los documentos, por favor dígame porque no quiero quedar mal. Tomen base a lo que me dijo su primo referido al tema, y si no se ve ese tema van a pensar que no somos serios en el tema”, dijo, según la versión del testigo protegido N.° 02-2025-ElyDC y dijo que era una captura de pantalla de una conversación con una persona identificada como ‘Asistente TC’.
La Fiscalía señaló que los US$20.000 fueron depositados en tres partes: el 19 de enero del 2024, US$10.000; el 19 del mismo mes, US$9.700 y US$300. Tras recibir el dinero, Santiváñez escribió “Perfecto, ahora entonces voy a informar para avanzar de una vez”. La Fiscaía indica que esos mensajes confirmarían que no se tratarían de honorarios profesionales.
El 19 de enero del 2024, Santiváñez Antúnez informa que el caso del sentenciado Marcelo Salirrosas ya había sido incluido en lista para que fijen fecha de audiencia para la siguiente semana, para lo cual envió una conversación donde se apreciaba “hola Kenita, buenos días, está en la lista para la próxima audiencia’, ‘LO DE MARCELO’”, indica la Fiscalía.
Pero estos presuntos sobornos no dieron resultado pues el TC emitió resolución contra su patrocinado, por lo que exigieron a Santiváñez devolver el dinero. Para entonces el exministro había solicitado al ministro de Justicia cambiar de penal a su patrocinado. La devolución se efectuó en depósitos mediante el Banco de Crédito del Perú.
