El hacinamiento en las cárceles es una constante en todo el Perú
El exministro de Justicia, ahora presidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana, tuvo actuación nula en construcción de penales pese a la gravedad no sólo del hacinamiento carcelario sino además de la ola de criminalidad que creció en número y en salvajismo nunca antes visto, principalmente por la inmigración venezolana.
En El Salvador, Nayib Bukele construyó una megacárcel para 40 mil internos en siete meses. Arana estuvo vegetando 19 meses en el cargo y no construyó siquiera una minicárcel, más bien el gobierno se enfocó junto con el Congreso en leyes que liberen a parte de los presos menos peligrosos, lo cual incidió en el incremento de delitos, porque la mayor parte de estos sujetos vuelve a delinquir y a veces a agravar la modalidad de sus fechorías.
Si en 29 meses el gobierno de Dina Boluarte ha hecho nada por la construcción de cárceles, al menos debe tomarse medidas prontas para reducir la capacidad del hampa de actuar desde los penales, desde donde se dirigen extorsiones, secuestros y otros delitos.
Por ejemplo, de nada sirve la capacidad de seguimiento de llamadas de teléfono fijo de los penales, el gobierno no usa esa información. Peor aún, los sistemas de bloqueo de llamadas de teléfono celular son burlados una y otra vez.
Tampoco se ha tomado medidas efectivas contra la mafias de empleados del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que controlan las gollerías para los presos que las pueden pagar ni contra los que permiten el ingreso de objetos prohibidos, como teléfonos o drogas. La podredumbre campea.
En este panorama, urge tomar medidas necesarias aunque puedan ser criticadas por las ONG autoproclamadas defensoras de los derechos humanos, pero que defienden los derechos de los delincuentes, no los derechos de los ciudadanos víctimas de estos. Más valen los derechos de los ciudadanos de bien que los derechos de aquellos que los asesinan, extorsionan, secuestran o asaltan y por ello no hay que escuchar las críticas de esas ONG cuyo discurso es pagado por ciertos intereses.
Supresión de las visitas
Debido a que son los visitantes de los presos, en complicidad con malos empleados, los que introducen objetos prohibidos, es necesaria una medida de emergencia temporal, de prohibición total de visitas, hasta que se solucione el problema del hacinamiento y se reduzca los índices de criminalidad por lo menos a valores que se tenía hace 10 años, cuando era mayor el control de las autoridades sobre la delincuencia.
Algunos argumentarán que las visitas también llevan ropa a los internos, pero para el Estado y para la ciudadanía será mucho más beneficioso encargarse de ello y proporcionarles vestimenta.
Derecho a las comunicaciones
Las autoridades deben realizar debido seguimiento de las llamadas realizadas por los teléfonos fijos de los penales, lo cual ayudaría en la investigación de delitos. Sin embargo, de detectarse que estos teléfonos fijos estén siendo usados como herramienta para delinquir, también debería limitarse o suprimirse su uso.
En cuanto al uso de teléfonos celulares para perpetrar delitos, ya estaría desterrado, porque son los visitantes los que los llevan. De darse el remoto caso de encontrarse alguno de estos aparatos en posesión de un interno, la investigación debe llevar de inmediato a separar a los empleados del INPE que resulten responsables.
Debido a la supresión de las visitas, los internos deberían tener derecho a recibir cartas, pero abiertas.
Como toda medida contra el crimen, por sí sola no es efectiva, sino dentro de un conjunto de medidas para combatir la acción del hampa.
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1 comentario
Y la Dina en lugar d botar a Arana lo premia d jefe d gabinete