La norma fue oficializada este sábado con su publicación en El Peruano y deroga la Ley N° 27600 del Gobierno de Alejandro Toledo, que retiró la firma de Alberto Fujimori en virtud de haberse declarado su «permanente incapacidad moral».
El Gobierno de la presidente Dina Boluarte promulgó la ley del Congreso que restituye la firma del delincuente Alberto Fujimori Fujimori en la Constitución Política, promulgada en 1993, que está vigente con modificaciones.
Esta Ley N.° 32265 fue oficializada hoy a través de su publicación en el diario oficial El Peruano. Sólo tiene un artículo que establece la derogación de la Ley 27600 y, “en consecuencia, se restituye la firma de Alberto Fujimori Fujimori […] en el texto de la Constitución Política del Perú de 1993”. Está firmada por Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén.
La ley derogada fue promulgada en diciembre de 2001 por el Gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo tras ser aprobada por el Congreso de aquel año, presidido por Carlos Ferrero Costa. En esa ley se señala que el retiro de la firma se ejecuta Een aplicación de la Resolución Legislativa N° 009-2000-CR, que declaró su permanente incapacidad moral y, en consecuencia, la vacancia de la PresidenciaE.
La resolución legislativa a la que hacía referencia data de diciembre del año 2000, cuando el Congrrdo, presidido por Valentín Paniagua, declaró la permanente incapacidad moral de Fujimori para ejercer el cargo de jefe de Estado, y la vacancia del mismo.
La vacancia se declaró después de que Fujimori huyó cobardemente del Perú tras los escándalos de corrupción que se conocieron luego de la difusión de los “vladivideos”, y envió al Congreso un fax desde Tokio, Japón, en el que renunciaba a la Presidencia.
Como se sabe, en dichos vídeos el delincuente Vladimiro Montesinos, brazo derecho del sátrapa Fujimori, se ve una serie de actos de corrupción con Montesinos repartiendo millones de dólares a personajes políticos, dueños de medios de comunicación y otros personajes que mostraron la verdadera razón de su prostitución moral al régimen depravado y asesino del dictador.
Este 6 de marzo, con 57 votos a favor, 25 en contra y 19 abstenciones, el Congreso aprobó, en segunda votación, el dictamen de la Comisión de Constitución, presidida por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), que restituye la firma de Alberto Fujimori en la Constitución de 1993.
Susentó la nueva ley el impresentable legislador Fernando Rospigliosi Capurro, quien de antifujimorista pasó a ser siervo de la hija del dictador, Keiko Fujimori, alias “señora K”.
Rospiglios afirmó que la propuesta ·reafirma la legitimidad” de la Constitución y busca corregir un “error histórico” que con “argumentos ideológicos” pretendió borrar el nombre y periodo presidencial en que fue promulgada la Constitución.
“Fue un intento artificial de desvincular la Constitución Política del presidente que la promulgó. Este hecho fue inédito en nuestra historia, pues siempre en nuestras constituciones se han identificado a los presidentes de las repúblicas que las promulgaron”, adujo.
“Tenemos la responsabilidad de restituir la verdad histórica que debe ser entendida como un bien colectivo que ayuda a las sociedades, a la construcción de su identidad nacional y contribuye a una convivencia más sólida”, agregó.
La Constitución de 1993 fue promulgada por un congreso constituyente elegido en elecciones convocadas por Alberto Fujimori, luego del autogolpe de Estado que dio en 1992, mediante el cual disolvió el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público y las garantías constitucionales, poniendo fin a 12 años de continuidad democrática desde la dictadura militar.
Fernando Rospigliosi, como presidente de la Comisión de Constitución, sustentó el dictamen de restitución de la firma de Fujimori.
El criminal Fujimori fue sentenciado, en 2009 a 25 años de prisión por ser autor mediato de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado en las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia.
Dicho tribunal estableció que tras el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos asumieron el control total de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Además de ser hallado autor mediato de homicidio calificado, Fujimori recibió sentencias condenatorias por usurpación de funciones, peculado y falsedad ideológica, delitos de corrupción y espionaje, y el caso Diarios Chicha.
Ya en prisión, el cobarde japonés Fujimori como niña llorosa consantemente pedía su liberación hasta que salió en libertad en diciembre de 2023, luego de que el Tribunal Constitucional dispusiera su “inmediata libertad”, tras declarar fundado un recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo de 2022, en la que se falló a favor de su liberación, como consecuencia de un polémico indulto presidencial otorgado por Pedro Pablo Kuczynski en 2017.
Otros criminales políticos, como los altos jerarcas nazis o Rafael Videla, murieron en la cárcel como hombres sin lloriquear por su suerte como Fujimori.
