La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Margaret Satterthwaite manifestó su preocupación por la situación de la suspendida Fiscal de la Nación Delia Espinoza, debido a los obstáculos que se le imponen para reincorporarse al Ministerio Público, a pesar de que existe una orden judicial que respalda su regreso.
La funcionaria subrayó que tanto la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como el Congreso de la República han desempeñado un papel activo en el hostigamiento contra Delia Espinoza. Agrega que estos ataques no solo persisten, sino que se han intensificado.
Enfatizó que Delia Espinoza no ha podido retomar su cargo en el Ministerio Público, a pesar de la orden judicial de reponerla, y añadió que en los últimos meses se ha establecido un entorno hostil hacia ella.
Denunció que las acciones contra la fiscal Delia Espinoza, incluyen procedimientos disciplinarios, suspensiones, amenazas a su seguridad mediante la reducción de su escolta y mociones en el Congreso.
Advirtió que dichos actos representan una amenaza directa para la integridad e imparcialidad del sistema judicial peruano. Calificó la situación de alarmante, pues Delia Espinoza ha sido objeto de estos ataques simplemente por cumplir con sus funciones como fiscal suprema y fiscal general de la Nación.
La relatora manifestó de forma especial preocupación por la investigación que la JNJ abrió contra el juez que ordenó la reincorporación de Delia Espinoza. También criticó que el pasado 25 de noviembre, la Comisión Permanente del Congreso debatiera y aprobara una moción para inhabilitar a la fiscal Delia Espinoza por diez años.
Satterthwaite subrayó además que el derecho internacional exige un respeto absoluto hacia fiscales y jueces, por ser los pilares fundamentales en cualquier democracia. Señaló que los profesionales del ámbito judicial no deberían ser objeto de amenazas, procesos legales ni sanciones administrativas por cumplir con sus deberes conforme a las normas éticas y profesionales reconocidas.
Anteriormente, Satterthwaite había alertado en abril de 2024 sobre acciones que parecen enfocadas en socavar la autonomía de la JNJ. Entonces se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular los efectos de una resolución judicial que permitía el restablecimiento de Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de este organismo clave.
