La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo Terrones por la presunta comisión del delito contra la Tranquilidad Pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder.
Votaron 16 congresista a favor, seis en contra y uno en abstención, en sesión dirigida por la presidente, de dicho grupo de trabajo, Lady Camones Soriano (APP).
El informe contiene la denuncia constitucional 307 formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, en cuyas conclusiones presentadas por el congresista delegado Diego Bazán Calderón (Avanza País) también se acusa al exmandatario por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado. Así también se le acusa de ser presunto cómplice del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión.
En el informe final también se propone acusar al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, así como por el delito contra la administración pública, colusión.
También se propone acusar al exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal.
Al exponer los fundamentos de la denuncia, el congresista Bazán precisó que en el marco del ejercicio del derecho a la defensa los denunciados fueron notificados, como corresponde al presidente de la República en Palacio de Gobierno y a los exministros en las direcciones que figuran en sus respectivos documentos de identidad, el 6 de diciembre.
“Transcurrido el plazo legal para absolver la denuncia constitucional, no ejercieron su derecho de formular descargos y ofrecer medios de prueba que permita contradecir las imputaciones realizadas por la Fiscalía de la Nación”, precisó el legislador.
A ello, Camones Soriano añadió que la subcomisión ha cumplido estrictamente con lo que establece el Reglamento del Congreso y se ha respetado estrictamente tanto el debido proceso como el derecho a la defensa.
“Si los acusados, pese a haber sido correctamente notificados, no han alcanzado a esta subcomisión los descargos, la subcomisión tiene que proseguir con el procedimiento de esta denuncia”, remarcó la legisladora.
Añadió que se aplicó lo establecido en el artículo 89 del Reglamento del Congreso que señala que “si el denunciado no formula su descargo dentro del plazo previsto, se tiene por absuelto el trámite y de existir pruebas o indicios suficientes que hagan presumir la comisión de un delito o una infracción constitucional, la Subcomisión podrá emitir el informe final o parcial correspondiente. En este caso, se continuará la investigación respecto a los extremos que no sean materia del informe parcial”.
Posteriormente, Camones subrayó que por acuerdo de la propia subcomisión se decidió proseguir con el trámite de la denuncia constitucional y se le encargó la elaboración del informe final al congresista Diego Bazán.
Durante el debate, el congresista Flavio Cruz Mamani (PL) anotó que las responsabilidades son personalísimas, de función, y consideró “que las personas no tenemos mesa de partes, sino que tenemos ojos para ver y manos para recibir la notificación”. Además, observó que no se ha hecho el esfuerzo de reiterar la notificación para que el denunciado tenga conocimiento y presente sus descargos.
A ello Camones Soriano aclaró que “hacer un reiterativo no forma parte del proceso”. Sin embargo, precisó que en el curso del informe final de la denuncia constitucional queda en la Comisión Permanente o en el Pleno del Congreso, instancias donde los denunciados podrían ejercer su derecho a la defensa.
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