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(Aeronoticias).- El nuevo Congreso de la República que asuma a fines de enero del 2020 deberá poner en agenda una investigación sobre los contratos de concesión de aeropuertos elaborados por Pro inversión, supervisados supuestamente por OSITRÁN y ejecutados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, expresó el abogado Julián Fernando Palacín Gutiérrez.
El especialista en Derecho Aéreo dijo que, estos contratos establecen cláusulas geográficas monopólicas a través de la cual el concedente, el Estado peruano garantiza a la empresa privada concesionaria que no autorizará la construcción y operación de un aeropuerto de uso comercial dentro de un radio no menor de (ciento cincuenta) 150 Km alrededor de cada aeropuerto concesionado, siempre y cuando el número de operaciones semestrales, el aeropuerto no haya podido superar el 50% de la capacidad operativa de la pista de aterrizaje y se le faculta a Ositran al terminar a quien corresponderá la medición para estos propósitos.
-Dijo-que las regiones del Perú, requieren de una verdadera descentralización aeropolítica, es decir el nuevo Congreso deberá seguir una hoja de ruta que garantice a todos los pueblos del Perú su interconexión directa vía aérea con las regiones y los mercados del mundo, ya que debemos proclamar el principio por ejemplo, de que Junín, La Libertad o Cusco deben dejar de ser el patio trasero de Lima aeroportuariamente hablando.
En el caso de Junín, es la aspiración histórica de construir el Aeropuerto internacional de Orcotuna, que permitirá colocar las exportaciones de la Región Centro del Perú en los mercados internacionales sin pasar por Lima, en La Libertad, el Aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos está prácticamente igual que en el 2006 cuando se concesionó, hoy requerimos un aeropuerto internacional de carga que sería Pacasmayo para recibir aeronaves de 120 TN y atender los 3,000 millones de dólares de la agro exportación de Chavimochic que por no tener infraestructura aeroportuaria en el aeródromo concesionado de Trujillo y tienen que pagar más de 40 millones de dólares anuales en sobrecostos para sacar sus productos a través de Lima, Ecuador y los puertos del Perú.
En el caso de Cusco se deberá defender el derecho de la macro región sur a la construcción del aeropuerto de Chinchero, que permitirá la llegada de 6 millones de turistas directamente al Cusco a partir del 2030 con 6 mil millones dólares de ingresos anuales adicionales lo que permitirá derrotar definitivamente la pobreza en esa región.
En el caso de Lima, el concesionamiento del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por cláusula monopólica que supuestamente debería vencer en el 2021, estableció un monopolio geográfico de 150 Km a favor de LAP, que a nuestro criterio es inconstitucional, porque además la empresa concesionaria ni siquiera ha comenzado la construcción de la segunda pista, las tasas aeroportuarias son altísimas, hay congestión y una visión geopolítica en el tema de aeropuertos debe llevar al nuevo Congreso a defender la construcción de un segundo aeropuerto internacional para Lima, que podría ser en la Isla San Lorenzo con un puente sobre el mar, tenemos que pensar que los anteriores legisladores no dieron respuesta a los grandes problemas nacionales, los nuevos tendrán que hacerlo, expresó; agregando que necesitamos justicia social y para ello se deberá elegir a legisladores que sintonicen con los derechos del pueblo.
Las regiones del Perú tienen derecho a una infraestructura aeroportuaria low cost y que el rol promotor lo debe realizar la empresa estatal Corpac, sin embargo en los últimos 17 años en los concesionamientos, el Estado cofinancia, es decir subvenciona a empresas privadas que no invierten, porque la infraestructura aeroportuaria esta igual o peor, en consecuencia hay que auditar y destrabar los monopolios privados para garantizar el desarrollo del Perú.
Próximamente publicaremos el trabajo de investigación geopolítica de los aeropuertos del sur, centro y norte del Perú, proclamando los principios jurídicos que como nociones básicas fundamentales deberán impulsar las políticas públicas para defender las aspiraciones de las regiones y pueblos del Perú al desarrollo económico a través de la interconexión vía aérea, por comercio exterior y turismo receptivo con los mercados del mundo.
Finalmente el Abogado Julian Fernando Palacin Gutierrez hizo énfasis en el texto de la Constitución Política del Perú y el Rol de los Congresistas en el Perú “Hoy en día se ha desnaturalizado el rol de un Congresista en el Perú, lamentablemente tenemos una Constitución desfasada creada en la década del noventa cuando el Perú atravesaba problema de terrorismo e inflación, eran otras épocas.
Hoy en día se debe de tener como prioridad hacer una reforma de la Constitución en donde participen y opinen los mejores juristas expertos en la materia, lo mismo debemos hacer con el código civil y procesal civil que han quedado desfasados en el tiempo y nadie se pronuncia al respecto.
Es necesario que los peruanos luchemos por hacer respetar La constitución y entendamos su significado en todo sentido que es la norma suprema de un Estado de derecho soberano, es decir, la organización establecida o aceptada para regirlo. La constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado y de estos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades.
Respecto a los Monopolios la Constitución establece:
Artículo 61°.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares.
Disposiciones finales y transitorias
Octava.- Las disposiciones de la Constitución que lo requieran son materia de leyes de desarrollo constitucional. Tienen prioridad:
2. Las relativas a los mecanismos y al proceso para eliminar progresivamente los monopolios legales otorgados en las concesiones y licencias de servicios públicos.
Antes de concluir quiero mencionar que un Congresista de la República debe de hacer respetar nuestra Constitución Política, la cual es sagrada para nuestro ordenamiento jurídico y de obligatorio cumplimiento para un digno representante elegido por el pueblo que debe luchar por los intereses comunes y no a favor de intereses particulares.
