Por Herberth Cuba García
Se rompe el dogma de la reserva en el PNUME
Ha sido aprobado, en la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República, el Dictamen del Proyecto de Ley N° 1711, que posibilita la participación ciudadana en el proceso de formulación del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME), con el objeto de salvaguardar la transparencia y la salud pública. El proyecto no generó debate ni controversia y ha sido aprobado por unanimidad. Ahora queda pendiente la aprobación por el pleno del Congreso y luego la promulgación por el Ejecutivo para que se convierta en ley.
El dictamen aprobado modifica la Ley N.° 29459 —de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios— y rompe con el dogma central vigente en el proceso de selección de los medicamentos esenciales que se incluyen en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME). Un proceso que está a cargo de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (Digemid).
El proceso de selección de los medicamentos esenciales significa escoger, dentro del abanico general de medicamentos existentes, cuáles deberían incluirse en el listado oficial o petitorio. Medicamentos que siempre estarán disponibles en cualquier circunstancia y lugar porque son necesarios para tratar la mayoría de las enfermedades que aquejan a los ciudadanos.
El dogma central en la selección de medicamentos esenciales de la Digemid se encuentra plasmado en la Guía para la Actualización del PPNUME, que dice: “La revisión y actualización del PNUME es un proceso técnico, independiente y reservado, en el que no intervienen individual o grupalmente proveedores de medicamentos, pacientes, familiares de pacientes o asociaciones de pacientes, entre otros”. Es decir, el dictamen aprobado rompe el dogma de la reserva porque introduce la participación ciudadana y la publicación previa a la promulgación, para recibir aportes.
La reserva en que se maneja la exclusión e inclusión de medicamentos del PNUME supone que los funcionarios que participan en el proceso de selección mantienen los ojos vendados y están alejados de cualquier conflicto de interés, y que aplican solo los criterios técnicos en forma muy independiente. Sin embargo, existe el riesgo de que la reserva sirva también para que malos funcionarios “no usen la venda en los ojos” y tomen decisiones sin el debido sustento técnico y a favor de grupos de interés. La norma aprobada crea un mecanismo para custodiar los escasos recursos del Estado y de los ciudadanos. Además fortalece la disponibilidad de medicamentos esenciales eficaces y de calidad, en todos los establecimientos de salud del país.
El aporte del dictamen es que rompe el dogma de la reserva y norma el derecho a la participación ciudadana. Sin embargo, no aborda el perfil del cargo que ocupa el funcionario, el mecanismo para asumir el puesto, la autonomía, la responsabilidad de los funcionarios y la creación y conservación de registros que aseguren la trazabilidad de los fundamentos técnicos del proceso de toma de decisiones del proceso de selección de los medicamentos incluidos en el PNUME.
No obstante, la transparencia y la participación ciudadana son un gran paso que permitirá fortalecer la adhesión de la ciudanía a los medicamentos esenciales y al uso racional de los medicamentos en general. Además, significará ahorro y eficiencia en el gasto para el Estado y los ciudadanos.
Parece increíble que se necesite una ley expresa para introducir transparencia y participación ciudadana para un aspecto tan puntual del sector público; sin embargo, el Congreso de la República no tiene otra alternativa. Las experiencias internacionales y nacionales de participación social, los mecanismos de articulación Estado-Estado y Estado-sociedad que existen (como el Consejo Nacional de Salud) no han servido para romper el dogma de la reserva de la información en el proceso de selección de medicamentos.
La participación social y la transparencia son pilares esenciales de la gestión pública, siempre y cuando no colisionen con la protección de la intimidad, la reserva de la información de los pacientes y el secreto profesional del acto médico. Y como hemos analizado, ese no es el caso. La iniciativa congresal debería ser tomada por el Poder Ejecutivo para que sumen esfuerzos y trabajen las normas complementarias y reglamentarias para asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los peruanos.
14 de septiembre del 2018
Asociación Médica Peruana
