Otra más en el haber de la equivocada reforma de salud humalista
Herberth Cuba García
Ayer los medios de comunicación daban cuenta de la muerte de un niño de seis años, nativo de la comunidad El Wayku de Lamas (Región San Martín, en la selva peruana), debido a una cardiopatía congénita. El menor necesitaba ser intervenido en la ciudad de Lima, pero tras 42 días de espera falleció en el Hospital de Contingencia de Tarapoto, sin haber podido ser trasladado ni menos operado.
Este caso ha puesto en evidencia la falta de capacidad del sistema de salud para responder ante las necesidades de la población. Una explicación somera podría evidenciar la falta de un hospital de alto nivel de especialización para resolver los problemas en cada localidad, provincia o región. Eso es imposible e innecesario. El alto gasto y la esporádica necesidad que este tipo enfermedades ocasionan nos obliga a construir una capacidad de respuesta nacional, unificada y centralizada.
La medición de la capacidad de respuesta nacional ante las enfermedades, emergencias, epidemias y desastres es la base de la gestión de salud gubernamental moderna. En modo equivocado, la reforma de salud humalista destruyó la capacidad de respuesta nacional, al transferir las funciones de salud pública a los gobiernos regionales, a pesar de que la Ley de Bases de la Descentralización señala que estas funciones son compartidas con los gobiernos subnacionales; y, como es natural, lo que se comparte no se transfiere. No se pueden transferir las funciones de defensa nacional a las regiones, porque al hacerlo se resta la capacidad de resguardo de nuestra soberanía nacional. Es impensable que en una hipótesis de conflicto bélico con el sur, por ejemplo, solo participe en la defensa Tacna. La capacidad de respuesta, como resulta obvio, es nacional. En idéntica situación se encuentra la salud pública.
Se han puesto en evidencia las fallas del sistema de referencias y contrarreferencias de pacientes. Es decir, la autorización para el traslado de los pacientes de un establecimiento de salud de menor complejidad a otro de mayor complejidad y viceversa. Este traslado requiere, como requisito, la aceptación por parte del hospital que recibe. La falta de camas, de equipos, de insumos o personal son las negativas más frecuentes.
Sin embargo, nadie se pone a pensar en que la capacidad de respuesta de un hospital de mayor complejidad siempre es preferible, incluso cuando haya deficiencias, que la permanencia en un establecimiento precario y poco complejo. Hoy el sistema está hecho para crear una barrera burocrática para el acceso a los hospitales especializados. Además, las referencias de una región a otra consumen tiempo, porque pues la burocracia exige formatos, sellos y autorizaciones. Tiempo que no le sobra a los pacientes, porque están en un proceso de agravamiento que los puede llevar a la discapacidad definitiva o la muerte.
El Seguro Integral de Salud ha sido ideado para subsidiar a los pacientes más pobres y vulnerables en una serie de enfermedades frecuentes y comunes. Pero hay que seguir un engorroso trámite para ser incluidos en enfermedades que no forman parte del plan de aseguramiento. Muchos informes y mucho empeño de parte de los familiares y médicos tratantes, porque su inclusión es como “apoyo social”, y no como derecho.
Luego de obtenido el subsidio básico para la enfermedad (daño), el paciente tiene que trasladarse por sus propios medios y correr con los gastos de transporte, alojamiento y estadía, tanto del paciente como del acompañante, así como con las pérdidas económicas que genera la enfermedad. Es decir, otra vez tienen que gestionar el “apoyo social”, las trabajadoras sociales, los médicos y funcionarios hospitalarios con la retahíla de informes. Claro, eso ocurre porque tampoco es un derecho.
Algunas organizaciones de la sociedad civil, analistas y funcionarios bien intencionados, reclaman atención integral de salud; pero, como hemos visto, solo eso no basta. Es necesario brindar prestaciones de salud, sociales y económicas para lograr que el ciudadano tenga el poder de acceso a los servicios de salud. En otras palabras, cumplir con los componentes básicos de la seguridad social universal en salud.
La falta de capacidad de respuesta del sistema de salud, las fallas en la autorización del traslado de los pacientes, la falta de financiamiento para que los más pobres y vulnerables tengan poder de acceso a la salud, además de la discriminación —cultural y étnica y de género— y la violación de los derechos humanos han dado como resultado una muerte más en el haber de la equivocada reforma de salud humalista. ¡Qué tal gobierno de la inclusión social!
ASOCIACION MEDICA PERUANA
17 de Junio de 2016
