Mueren 14 bebés en experimentos con vacunas contra neumonía
Abusan de poblaciones pobres donde confunden con la información
Un experimento con vacunas para el neumococo, causante de la neumonía, provocó la muerte de 14 bebés en Argentina, según informa la prensa de ese país.
Información incompleta
Para captar pacientes, la información que se dio a los padres de familia fue insuficiente, denunciaron los médicos, familiares de las víctimas y ex funcionarios, quienes indican que algunos profesionales involucrados en esta investigación aplican la vacuna experimental sin suficiente información previa a los padres, utilizan recursos públicos y "no incorporan testigos imparciales durante el trámite de aceptación", tal como exigen las normas sanitarias argentinas.
Glaxo también está experimentando en Colombia y Panamá y pretende realizar pruebas con 14.000 niños argentinos.
En la tercera y última fase de la investigación, el año pasado, han muerto 14 bebés en el norte argentino: dos en San Juan, cinco en Mendoza y siete en Santiago del Estero, donde más del 34 por ciento de la población vive bajo el umbral de pobreza.
En Santiago del Estero se aprovechan de madres pobres a quienes no les dicen que sus hijos van a ser sometidos a un experimento, las hacen firmar sin leer e incluso las amenazan si quieren abandonar el estudio", denunció el presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Argentina (Fesprosa), Jorge Yabkowski.
Los diputados Hugo Perié y Fabián Peralta solicitaron informes al Gobierno sobre las denuncias realizadas y los controles de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), encargada de regular la investigación médica.
Secretos
Los inspectores del organismo solicitaron "documentar la imparcialidad de los testigos" y la ANMAT pidió al laboratorio información sobre cuántos bebés fallecidos fueron vacunados, pues el estudio incluye un grupo de control que no recibe la aplicación, aunque el dato se mantiene bajo reserva incluso para los familiares. Ni siquiera los padres saben si sus chicos reciben la vacuna.
Estos laboratorios, al experimentar en humanos, consideran los protocolos como secreto, de modo que, en el caso del Perú, ni siquiera a pedido del juez revelan detalles de las investigaciones. Si un paciente queda grave, no hay cómo averiguar qué y cuánto le dieron para salvar su vida, lo que constituye un abuso criminal.
"Detectamos firmas de analfabetos, testigos que eran integrantes del experimento y el investigador principal formaba parte del comité evaluador", denunció Luis Jiménez, ex secretario de Salud de Córdoba.
Los médicos utilizaban recursos del hospital municipal para los ensayos del laboratorio, que negó haber desarrollado el programa en Córdoba y que reconoció que abona a los profesionales entre 380 y 400 dólares por cada niño incorporado al protocolo. Los médicos trabajan para el protocolo en su tiempo extra, lo que les genera ingresos.
Julieta Ovejero, tía de un niño fallecido en Santiago del Estero, indicó que su hermano recibió la visita de agentes sanitarios que prometieron beneficios médicos para el bebé si se incorporaba al estudio y ofrecieron "dinero para callar" sus denuncias. "Cuando llevamos al bebé al hospital con neumonía, antes de que muera, dijeron que no podían atenderlo porque era paciente del protocolo y tenía que esperar al doctor del programa", para el cual "nunca le hicieron estudios previos", denunció.
En el Perú ya no existen testigos imparciales, como habíamos publicado en Con Nuestro Perú, pues el gobierno, fiel a los lobbies, sin importarle la vida de las personas, ha eliminado este y otros requisitos con la finalidad de convertir a niños y adultos en presas fáciles de los laboratorios ansiosos de utilizarlos como conejillos de indias.
Ver artículo relacionado: Gobierno promueve experimentación en humanos sin la debida protección.
Para captar pacientes, la información que se dio a los padres de familia fue insuficiente, denunciaron los médicos, familiares de las víctimas y ex funcionarios, quienes indican que algunos profesionales involucrados en esta investigación aplican la vacuna experimental sin suficiente información previa a los padres, utilizan recursos públicos y "no incorporan testigos imparciales durante el trámite de aceptación", tal como exigen las normas sanitarias argentinas.
Glaxo también está experimentando en Colombia y Panamá y pretende realizar pruebas con 14.000 niños argentinos.
En la tercera y última fase de la investigación, el año pasado, han muerto 14 bebés en el norte argentino: dos en San Juan, cinco en Mendoza y siete en Santiago del Estero, donde más del 34 por ciento de la población vive bajo el umbral de pobreza.
En Santiago del Estero se aprovechan de madres pobres a quienes no les dicen que sus hijos van a ser sometidos a un experimento, las hacen firmar sin leer e incluso las amenazan si quieren abandonar el estudio", denunció el presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Argentina (Fesprosa), Jorge Yabkowski.
Los diputados Hugo Perié y Fabián Peralta solicitaron informes al Gobierno sobre las denuncias realizadas y los controles de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), encargada de regular la investigación médica.
Secretos
Los inspectores del organismo solicitaron "documentar la imparcialidad de los testigos" y la ANMAT pidió al laboratorio información sobre cuántos bebés fallecidos fueron vacunados, pues el estudio incluye un grupo de control que no recibe la aplicación, aunque el dato se mantiene bajo reserva incluso para los familiares. Ni siquiera los padres saben si sus chicos reciben la vacuna.
Estos laboratorios, al experimentar en humanos, consideran los protocolos como secreto, de modo que, en el caso del Perú, ni siquiera a pedido del juez revelan detalles de las investigaciones. Si un paciente queda grave, no hay cómo averiguar qué y cuánto le dieron para salvar su vida, lo que constituye un abuso criminal.
"Detectamos firmas de analfabetos, testigos que eran integrantes del experimento y el investigador principal formaba parte del comité evaluador", denunció Luis Jiménez, ex secretario de Salud de Córdoba.
Los médicos utilizaban recursos del hospital municipal para los ensayos del laboratorio, que negó haber desarrollado el programa en Córdoba y que reconoció que abona a los profesionales entre 380 y 400 dólares por cada niño incorporado al protocolo. Los médicos trabajan para el protocolo en su tiempo extra, lo que les genera ingresos.
Julieta Ovejero, tía de un niño fallecido en Santiago del Estero, indicó que su hermano recibió la visita de agentes sanitarios que prometieron beneficios médicos para el bebé si se incorporaba al estudio y ofrecieron "dinero para callar" sus denuncias. "Cuando llevamos al bebé al hospital con neumonía, antes de que muera, dijeron que no podían atenderlo porque era paciente del protocolo y tenía que esperar al doctor del programa", para el cual "nunca le hicieron estudios previos", denunció.
En el Perú ya no existen testigos imparciales, como habíamos publicado en Con Nuestro Perú, pues el gobierno, fiel a los lobbies, sin importarle la vida de las personas, ha eliminado este y otros requisitos con la finalidad de convertir a niños y adultos en presas fáciles de los laboratorios ansiosos de utilizarlos como conejillos de indias.
Ver artículo relacionado: Gobierno promueve experimentación en humanos sin la debida protección.
