El pasado 12 de noviembre el Concejo Metropolitano de Lima aprobó la Ordenanza n.°1911 que dispone la revisión de las solicitudes de cambio de zonificación de manera individual y en cualquier momento del año, que según los promotores de la norma, busca desentrampar más de 252 expedientes sin resolver, acumulados desde el año 2013. La decisión atiende solamente a demandas puntuales de intereses inmobiliarios y comerciales, sin considerar el contexto urbano en el que se pretende desarrollar, simplemente satisface apetitos inmobiliarios sin ponderar las consecuencias y efectos de estas medidas sobre la ciudad y los que vivimos en ella. Un ejemplo de este descuido y falta de respeto por los vecinos es lo que ya viene sucediendo en un distrito como Miraflores, en el cual se pretende desplegar cambios de zonificación sin consulta y consenso de los vecinos que viven en el entorno generando escenarios de conflictos. Otro caso similar por efectos no contemplados de un cambio de zonificación, fue la reacción de los vecinos de Jesús María ante el intento de ampliar la Av. Salaverry a un tercer carril por la congestión que genera el nuevo centro comercial Real Plaza.
Esta decisión debe alertarnos por varias razones. La primera es que los cambios específicos de zonificación no estaban prohibidos, pero sí estaban regulados para que se produjeran sólo dos veces al año y previa consulta vecinal integral. De esta manera los desarrollos inmobiliarios y comerciales no contemplados en los parámetros vigentes en un distrito se debían acumular, todos, para ver el impacto conjunto de estos cambios sobre los barrios, las vías y los espacios públicos. El cambio de zonificación debía responder a una mirada de conjunto y no a pedidos lote por lote que a lo sumo, contemplan los efectos sobre una manzana y no sobre un barrio, una urbanización o un distrito.
La decisión tomada por el Concejo de Lima es más grave cuando –lo recordamos una vez más– la actual administración edil no cuenta con los parámetros de un Plan de Desarrollo Urbano que sirva de sustento y guía para sus decisiones, herramienta indispensable para una ciudad de casi nueve millones de habitantes como es Lima. Vemos entonces que la negativa del alcalde Castañeda a aprobar y poner en vigencia el documento de planificación para la ciudad (el PLAM 2035), trabajado durante la gestión edil previa, sirve de hecho a los intereses de quienes ven la ciudad solamente como una oportunidad para negocios de corto plazo y no como el hogar, el barrio y los espacios de vida de millones de personas que la habitan y esperan una ciudad mejor cada día.
Son penosas las justificaciones y peores los argumentos técnicos que esgrimen quienes ahora dirigen los destinos de Lima para intentar legitimar su proceder, pues evidencian con torpeza carecer de una visión que implique una propuesta de urbanismo de calidad, indispensable para gestionar nuestra ciudad. Peor aún, cuando esto ocurre ad portas de los Juegos Olímpicos Panamericanos, previstos a realizarse en Lima el año 2019 y próximos al bicentenario de la independencia del Perú. Nos preguntamos: ¿Es que Lima no tiene quién la defienda con amor e identidad ciudadana, como sí ocurre con otras ciudades como las del sur del país?, ¿es que tener una ciudad mejor solamente significa invertir en nuevas vías, mejoramiento de pistas y construcción de pasos a desnivel?, ¿así se logrará mejorar la eficiencia y eficacia que demandan los habitantes de Lima para tener una ciudad más segura, democrática y de mejor calidad humana? Parece que no, pues la prensa nos informa a diario que la seguridad, la movilidad y la accesibilidad dentro de la ciudad es cada día peor, como lo demuestran los accidentes de tránsito y la menor seguridad ciudadana.
La incapacidad de la gestión Castañeda para servir a los altos intereses de la ciudad (y más bien atender a oscuros beneficios crematísticos) se evidencia una vez más con esta nueva Ordenanza que, en su torpe negativa de hacer una lectura integral para la gestión concertada del territorio, abre los procesos de cambio de zonificación sin orden ni concertación. Al optar por soluciones puntuales y fragmentadas no resolverán los problemas de fondo de esta gran metrópoli; al contrario, éstos se agravarán generando nuevos conflictos de intereses entre vecinos, inversionistas e instituciones. Confiamos que en algún momento próximo, brote una corriente de opinión ciudadana diferente que denuncie y corrija la manera como se afecta la calidad de vida futura de todos en esta ciudad, empezando por los más débiles, excluidos y pobres… y por cierto, incluyendo la de usted que ahora nos lee.
desco Opina – Regional / 23 de noviembre de 2015
