Plazo para presentación de la documentación vence el jueves 21 de febrero
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, solicitó al Ministerio del Interior, información que sustente la legalidad de las tasas publicadas en su TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos), ante el incremento en el costo de los documentos solicitados por los ciudadanos ante la Policía Nacional del Perú.
Como se sabe, el costo de las “constancias policiales”, “certificado de supervivencia”, “copia certificada de denuncia policial”, entre otros documentos, fue incrementado en los últimos días.
Por ello, el INDECOPI, de conformidad con los establecido en la Ley 27444, en materia de derechos de trámite, ha requerido al Ministerio del Interior la precisión de la norma (decreto supremo) que habría aprobado las nuevas tasas; requisito formal que exige la ley a todas las entidades del Poder Ejecutivo que pretendan exigir pagos por la realización de trámites.
Asimismo, se recordó al Ministerio que de acuerdo con el artículo 45º de la referida ley, el monto de los derechos de trámite debe ser fijado en función al importe del costo que su ejecución genera a la entidad el servicio prestado durante toda su tramitación y, de ser el caso, por el costo real de producción de documentos que expida la entidad
En tal sentido, se ha requerido a dicha entidad que remita el detalle y documentación de los costos que sustentan el monto de las nuevas tasas, en función a la metodología de costeo aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros para todas las entidades públicas. El Ministerio del Interior tiene un plazo de cinco días hábiles para contestar el requerimiento. Este plazo vence el 21 de febrero próximo.
Como se sabe la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es el órgano competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que constituyan barreras burocráticas y para velar por el cumplimiento de las normas y principios de la simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 en favor de los ciudadanos. En caso se detecte algún tipo de indicio de ilegalidad, se podría disponer el inicio de un procedimiento.
