Por Juan Jiménez Daroca*
La empresa transnacional norteamericana Monsanto ha sido acusada por el gobierno brasileño de manipular información acerca de la toxicidad de sus productos. En caso de perder el proceso, Monsanto tendrá que pagar 850.000 dólares al gobierno de aquel país en concepto de reparación. La compañía facturó casi 8.000 millones de euros durante el pasado ejercicio. Desde hace años se enfrenta a numerosas causas similares. La legislación en los 71 países en los que tiene presencia no impide que la compañía haga frente a los procesos, pague multas y “reparaciones” y que continúe maximizando sus beneficios.
La exposición de los humanos a este producto ha tenido efectos negativos para la salud humana. Hay estudios son concluyentes y documentación acerca de los daños sobre la población. Nunca un directivo de Monsanto ha comparecido ante los tribunales para rendir cuentas. Siempre han pagado las indemnizaciones sin interrumpir sus líneas de producción.
En la actualidad, Monsanto mantiene una política comercial centrada en la producción de recursos e insumos agrícolas. A pesar de ser una empresa del sector químico, se define como compañía del sector de la agricultura. “La población mundial está creciendo; para mantener el ritmo de crecimiento de la población los granjeros deberán producir más comida en los próximos cincuenta años que en los últimos 10.000; los granjeros de America se enfrentarán al reto”, reza su web.
En los últimos años, Monsanto se ha dedicado a producir y patentar semillas cuyo tratamiento genético las hace resistentes a los herbicidas que la propia compañía fabrica. El componente principal de estos herbicidas, el glifosato, es un producto tóxico y no biodegradable, a pesar de los intentos de la compañía de publicitarlo como tal. La comunidad científica internacional sostiene que el impacto del glifosato es muy negativo para la población y para el ecosistema. La transnacional presiona para conseguir la complicidad de los gobiernos para desarrollar una política de imperialismo agrario que va camino de cambiar los parámetros de la soberanía alimentaria y ha transformado ya la figura del agricultor.
La modificación genética de los alimentos podría entenderse como una manera de solventar los problemas del hambre en el mundo. Pero el trabajo de Monsanto no es altruista en absoluto, por mucho que la empresa intente disfrazar de éticas sus intenciones. Sus planes estratégicos traslucen una intención clara: hacerse con el monopolio de las patentes de toda producción derivada del empleo de lo que se ha dado en llamar “biotecnología”. El agricultor pasa a ser un empresario agrícola. Su producción deja de tener valor local para convertirse en una fuente de abastecimiento de las superestructuras de los países desarrollados. La posesión de las patentes otorga a la transnacional una posición de dominio que abarca todos los estadios de la producción agrícola.
De esta manera, Monsanto queda en posición de disponer, si consigue hacerse con el control total del patrimonio genético, de la capacidad de bloquear el sistema agrario internacional. Desaparece la autonomía del agricultor frente a la patente de corso que se le ha otorgado a esta empresa desde que, en tiempos de la Administración Reagan, se comenzó a desregularizar en un “liberalismo” extremo. La amenaza a la biodiversidad y el riesgo para la población son “efectos colaterales” en la carrera por un botín tan grande como el planeta entero. Un planeta que puede acabar siendo patentado, un planeta Monsanto.
* Periodista
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