Tras la festinación de trámites realizados por el presidente del Congreso Alejandro Soto para promulgar la norma que introduce cambios a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, los gobiernos de Alemania, Noruega y Reino Unido mostraron su alarma en un pronunciamiento, al cual se adhirió Canadá.
Los cambios corresponden a los artículos 29 y 33 de la ley 29763 que autoriza disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal, según indica la norma publicada esta semana en el diario oficial El Peruano, la cual mereció el rechazo de gremios de productores agrarios, diversas ONG y organizaciones indígenas, mortificadas no sólo por el peligro de depredación forestal, sino porque se ha violado su derecho de consulta.
La norma había sido observada por el Ejecutivo, pero el Congreso la promulgó aprovechando que los titulares de la prensa estaban dedicados a la ola de violencia en Ecuador.
Dichos países europeos, en su calidad de socios del Perú en la Declaración Conjunta de Intención (DCI) de cooperación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la deforestación y degradación forestal, sumados a Canadá, como observador, emitieron el pronunciamiento conjunto.
“Nos preocupan los potenciales impactos para el cumplimiento de los objetivos asumidos por el Perú en el marco de la DCI, las implicaciones para la implementación de las Declaraciones de Belém y de Pucallpa, y los compromisos internacionales más amplios del Perú para proteger la biosfera única de la Amazonía”, sostuvieron.
Alemania, Noruega y Reino Unido, en su condición de donantes, señalan que “esperan conversar con las autoridades peruanas sobre cómo estos cambios afectarían las iniciativas de protección y aprovechamiento sostenible de los bosques, así como los derechos de los pueblos indígenas”.
Como se sabe, el Congreso está infestado de partidos políticos que recibieron dinero de empresarios como Dionisio Romero y otros, de forma ilegal, pues no los declararon. En realidad dicho dinero hace las veces de precoima que pagan mafias empresariales para que sus sirvientes en el Congreso promulguen normas que favorezcan sus intereses sin importar si causan perjuicio al Perú, ya sea como daño a la naturaleza, la salud, la alimentación y otros aspectos de interés de las mayorías.
