La Policía Nacional del Perú (PNP) y la Unidad de Crimen Organizado de la Dirección de Medio Ambiente (DIRMEAMB), en coordinación con la Tercera Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, lograron desarticular la organización criminal “Los Aleteros” dedicada e al tráfico ilegal de especies acuáticas.
En la operación se incautaron más de 12 toneladas de aletas de diversas especies de tiburón, entre ellas, el tiburón azul (Prionace glauca), el tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus) y otras especies amenazadas, piezas que serían destinadas a países del Asia.
Crueldad
Para obtener la mercancía, los perpetradores capturan los tiburones, les cortan las aletas y lanzan al mar a los escualos sangrantes, por lo que deberían aplicarles además de la ley contra el tráfico de especies amenazadas, las normas de maltrato a los animales.
El general Manuel Lozada, jefe de la División de Investigación Criminal, los pescadores ilegales “depredan y generan un terrible impacto contra el ecosistema marino”. Esta práctica conocida como “aleteo” contribuye al riesgo de extinción de varias especies marinas. Si bien el Decreto Supremo 021-2016-PRODUCE, no prohíbe el comercio de aletas de tiburón, sí sanciona esta práctica.
Las aletas secas decomisadas tienen un valor de unos tres millones de dólares en el mercado local y en más de 15 millones en el mercado asiático, donde las aletas tienen una alta demanda, debido a la ignorancia de personas en esos países, que les atribuyen propiedades para la memoria y la sexualidad. Con dichas aletas preparan caldos y brebajes.
Las autoridades informaron que los productos incautados estaban almacenados en un inmueble que funcionaba como centro de acopio clandestino en el puerto chalaco. En el operativo fueron detenidos tres ciudadanos peruanos: Juan Roberto Quispe Huamán (52), Oswaldo Nole Viera (50) y Melquiades Quispe Huamán (68), quienes son investigados por su participación.
El general también indicó que se decomisaron más de seis toneladas de aletas de especies completamente prohibidas para la pesca.
Las autoridades investigan el caso para esclarecer el alcance de la organización y su posible vínculo con otras redes que operan dentro y fuera del país.
