por Desco
Los impuestos generados en el sector minero son los recursos más importantes en los presupuestos de municipios y de gobiernos regionales en casi todo el país. Después de que el Gobierno Nacional aprobara hace unos años la reinversión de utilidades –mecanismo hoy en desuso– a la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV), abriendo la puerta para reducciones en el Impuesto a la Renta y por tanto del canon minero, la empresa se comprometió a financiar los estudios técnicos y la construcción de la Planta de Agua Potable II de Alto Cayma. Además, sufragaría los estudios para una planta de tratamiento de aguas servidas cuyo costo sería solventado de manera mancomunada por los alcaldes de la provincia de Arequipa.
Desde el 2006 hasta finales de 2010 los alcaldes lograron reunir una bolsa de 19 millones 650 mil soles para la planta, mientras que SEDAPAR, la compañía de agua potable, se encargaba de evaluar el lugar adecuado para la planta y las mejores opciones de operación. Hacia setiembre de 2011, en vista de que aún no se comenzaba con la construcción de la planta de tratamiento y que la empresa necesitaba agua para su proyecto de expansión, ésta firma un Convenio Marco con SEDAPAR para el financiamiento, ejecución y operación del Proyecto «Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana» (PTAR) condicionado a la aprobación del proyecto de expansión de sus actividades.
El ministerio de Energía y Minas aprobó el año pasado el EIA de la expansión de Cerro Verde, con lo cual la construcción de la PTAR debía comenzar este año, pero un reporte periodístico movió las aguas señalando la existencia de cinco convenios específicos firmados entre la empresa y SEDAPAR, desconocidos por los alcaldes (accionistas de la empresa de agua potable), con los que supuestamente la PTAR sería financiada parcialmente por SEDAPAR y en consecuencia por los usuarios de agua de la ciudad, y no completamente por la empresa. Los medios de comunicación denunciaron el caso y al no haberse difundido transparentemente estos acuerdos, comenzaron también las especulaciones.
Ante el aluvión de cuestionamientos, la empresa minera se vio en la obligación de emitir un comunicado aclarando varios puntos en controversia: el PTAR no sería una obra por impuestos, lo que no afectará el canon (aunque es cierto que Cerro Verde tiene uno de los tan denostados contratos de estabilidad, que vence este año), que se encargarían del mantenimiento de la obra y que SEDAPAR sólo pagaría la cesión en uso de los terrenos por donde pasarían las instalaciones para su funcionamiento. SEDAPAR se vio obligado a colgar en su web todos los convenios firmados, además de realizar conferencias de prensa para explicar qué pasó.
Aún se cuestiona el monto de inversión de la planta, el porcentaje de agua que limpiará del contaminado río Chili y el que utilizará respecto a la carga de aguas servidas que se vierten al caudal, el pago de la empresa por el agua reutilizada, qué otra inversión hará SEDAPAR en la PTAR fuera del pago de tierras en uso, y la absolución de algunas observaciones del EIA de la PTAR, pero en general, las aguas se han calmado.
Nada de esto hubiera pasado si la transparencia fuera una de las políticas de responsabilidad social de la empresa minera, en particular si se trata de obras públicas. Ante el aumento de conflictos por la actividad minera debido a su crecimiento, en especial en toda la Macro Región Sur donde se calcula una inversión del sector en los próximos años de US$ 32,557 millones, es tiempo que los presupuestos de las empresas sean transparentados; además concertados con los planes de desarrollo de las localidades donde realizan sus operaciones. Se tiene que comprender que la inversión social de las empresas mineras no es una dádiva, sino una compensación por la extracción de un recurso no renovable. El tema de la PTAR ha puesto en la agenda, una vez más, cuál es el rol de las empresas mineras frente al desarrollo regional.
