Ana Delicado Palacios
Cuatro gobiernos en Argentina capitularon ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), incluido el que preside actualmente Alberto Fernández. En la madrugada de este viernes, 78 por ciento de los diputados votaron a favor del acuerdo con el organismo para refinanciar una deuda de 45.000 millones de dolares.
Ese préstamo, otorgado en 2018 a la gestión anterior del presidente Mauricio Macri (2015-2019), comenzará a pagarse a partir de 2026 y hasta 2034. Por lo tanto, las próximas tres administraciones que asuman tendrán los ojos del FMI sobre sus espaldas.
Esto ha sucedido con el patrocinio de la Cámara de Diputados, que por primera vez hizo uso de la potestad que desde 1853 le otorga la Constitución para debatir y secundar una propuesta concreta en materia de deuda externa.
Se inaugura, entonces, lo que algunos llaman un cogobierno con el FMI, que revisará cada trimestre las cuentas públicas de la nación antes de autorizar los desembolsos con los que Argentina pagará su deuda. Lo han reconocido los propios diputados de la coalición gobernante: el programa con el Fondo no representa una solución, sino una ventana de tiempo.
Esa ventana de tiempo permite a la entidad financiera entrar por la puerta grande para fiscalizar la política económica de un país que lleva bajo la tutela del Fondo 42 años de los 65 que han pasado desde que ingresara a su seno en 1956, según estudió en profundidad la doctora en economía Noemí Brenta.
ALGO EN COMÚN
El acuerdo que autoriza al Gobierno a refinanciar la deuda con el FMI fue aprobado a las 3.44 de la madrugada (06.44 GMT) de este viernes con el aval de 202 de los 257 diputados. Fue la primera coincidencia que exhibieron el principal bloque opositor, Juntos para el Cambio, y la coalición gobernante, Frente de Todos, más allá de las provocaciones dialécticas que hubo durante las más de 13 horas de debate.
Hizo gala de unidad la fuerza que encaramó a Macri a la presidencia, al aportar 111 votos positivos de los 116 posibles. El bloque opositor sumó más votos que el oficialismo, que volvió a evidenciar escisión en sus filas.
De los 118 diputados del Frente de Todos, 77 aportaron sus votos afirmativos, 13 se abstuvieron y otros 28 votaron en contra, incluido Máximo Kirchner, hijo del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), quien a último momento bajó al recinto a emitir su discrepancia con la iniciativa que negocia desde hace más de dos años el actual mandatario.
La diputada Graciela Camaño, opositora peronista, adjudicó al electorado argentino la capacidad de ambas fuerzas de alcanzar un consenso, al no tener mayoría ninguna de las dos.
«En Argentina hay instalado un discurso kafkiano respecto al FMI, y digo esto porque Argentina paga una membresía por ser miembro del FMI, y lo es desde hace más de medio siglo», sostuvo tras la votación en declaraciones exclusivas a la Agencia Sputnik.
Como integrante del Interbloque Federal, Camaño observó que la nación «tuvo la oportunidad de salir del FMI cuando Néstor Kirchner (2003-2007) dejó las cuentas a cero con el Fondo (en 2006), pero no lo hizo y siguió estando».
La legisladora reivindicó que Argentina, que tiene el 0,66 por ciento de los votos dentro del FMI, sea parte del organismo financiero, y restó importancia a las condicionamientos que puede imponer durante los próximos quinquenios.
«Lo que hace el FMI es monitorear el posible cumplimiento del acuerdo cuando verifica las cuentas», afirmó. «La dirigencia política tiene que entender que esas cuentas tienen que estar alineadas, no podemos seguir gastando en exceso ni proveyéndonos de ingresos que no tenemos».
QUE SE INVESTIGUE
Discrepa con estas ideas la economista y exdiputada Fernanda Vallejos, cercana a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha pedido que «Argentina solicite en la Asamblea General de la ONU que sea elevada una petición de opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya».
«Nuestra principal preocupación está centrada en el paquete de medidas inflacionarias que propone el FMI y que reviste mucha mayor gravedad en el contexto actual que se abrió a partir del conflicto bélico en Ucrania», sostuvo en diálogo con esta agencia.
La exdiputada, quien encabezó el miércoles una marcha contra el FMI junto con otros dirigentes políticos, presentó una denuncia penal para que la justicia indague si personas y entidades fugaron 86.000 millones de dólares entre 2016 y 2018.
«Históricamente, el FMI es un organismo que promueve el vaciamiento del poder político de los gobiernos, lo que se cristaliza en la intervención de la economía y en las auditorías trimestrales que un pelotón de 140 funcionarios van a estar ejerciendo sobre las cuentas públicas de nuestro país», cuestionó.
Vallejo, quien prevé para Argentina «un largo de endeudamiento como el sufrido desde la dictadura cívico militar (1976-1983) y hasta 2001, con la eclosión de la crisis de convertibilidad», teme que al «sombrío escenario económico y social» que asoma por el horizonte se añada también un fracaso político en las elecciones generales de 2023.
«Es inexorable una perdida de apoyo popular todavía mayor que en 2021, cuando perdimos la elección legislativa con una fuga de casi 5 millones de votos, la gran mayoría de los cuales fueron de electores que decidieron no presentarse a votar, y en menor proporción, electores que decidieron volcarse a la izquierda trotskista, consagrando esta ultima opción como tercera fuerza a nivel nacional», concluyó.
El Senado, presidido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se apresura a votar el acuerdo con el FMI la semana que viene, antes del 22 de marzo, para evitar el pago de un vencimiento de deuda por 2.800 millones de dólares.
La titular del Senado dio a conocer este viernes su opinión, al mostrar en un vídeo los destrozos que causaron en su despacho del Congreso los piedrazos que arrojaron manifestantes en la víspera durante una manifestación contra el acuerdo.
El Fondo «siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron dolor y pobreza en el pueblo argentino», afirmó.
No querrá la vicepresidenta encontrarse en la disyuntiva de tener que desempatar la votación.
Con información de Sputnik
