CCL detecta tres proyectos del Congreso que afectan la productividad-competitividad del país

Entre agosto de octubre de este año.

Dos plantean que el Estado ejerza actividad empresarial, mientras  otra iniciativa propone considerar a los árbitros como funcionarios públicos siempre que las entidades del Estado formen parte de la controversia.  En el periodo de análisis también se ha registrado siete proyecto de ley que favorecen a la productividad-competividad nacional

De acuerdo al Semáforo de la Competitividad  que elabora el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima, en esta oportunidad correspondiente al periodo agosto y octubre del presente año, luego de analizar 332 proyectos de ley presentados al Congreso se ha detectado que hay tres proyectos que perjudicarían considerablemente la productividad y competitividad de los agentes económicos del país. 

De estos tres proyectos dos, el PL N.° 1875 y el PL N.° 1944, plantean modificar la Constitución Política del Estado.

«El primero busca modificar el artículo 60 incorporando la posibilidad de que el Estado ejerza su actividad empresarial con el fin de promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo. En tanto, el segundo propone modificar el artículo 58 referido al régimen económico, indicando que en el sector agropecuario el Estado realizará actividad empresarial directa o indirecta de manera solidaria», manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP.

Explica que estas iniciativas de ley nos hace recordar antiguas prácticas que se aplicaron en el país a finales de los 80, así como en varios países de la región, los que resultaron nefastos. «Por ello, el Estado debe mantener su rol subsidiario en la actividad empresarial y más bien fortalecer sus funciones de garantizar la estabilidad jurídica y el estado de derecho, combatir la corrupción en todos sus niveles, garantizar la seguridad, promover las inversiones y la generación de empleo productivo que demanda el país», advirtió Peñaranda.

En tanto, la tercera iniciativa -PL N.° 1774- perjudica a la Institucionalidad del país afectando la eficiencia de la red legal para resolver disputas, pues considera como funcionario o servidor público a los árbitros, siempre y cuando las entidades u organismos del Estado -incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado- formen parte de la controversia arbitral.

Al respeto el IEDEP advierte que, sin perjuicio de calificarla como errada desde el punto de vista jurídico, esta medida de tener eco desincentivará a los profesionales de participar en dichos procesos, creándose una categoría que no corresponde y trabará por tanto el importante rol que actualmente cumplen los centros de arbitraje para resolver controversias.

Proyectos pro competitividad

Así como existen proyectos que afectan a la competitividad, también el IEDEP ha detectado siete proyectos que la favorecen.

Entre ellos destacan la Ley que facilita la inversión en tierras ganadas al mar (PL 760), referido al intento de recuperar territorio del mar peruano para volverlas tierras habitables  para uso humano en diversas tareas. Asimismo la ley que promueve el mecanismo de Obras por Impuestos-OxI (PL N.° 2045) que incentivará el crecimiento económico ya que permitirá la remediación de pasivos ambientales que se encuentran dentro del Inventario Inicial de Pasivos Ambientales Mineros. «Ambos proyectos tienen un impacto positivo en el pilar Infraestructura y Tamaño de Mercado del ranking mundial de competitividad debido a su efecto favorable en el PBI” destacó Peñaranda.

Otro proyecto importante es el PL N.° 1884, norma cuyo objetivo es incrementar la transparencia  de los servicios logísticos prestados a la carga en las operaciones de comercio exterior, es decir se describirá los servicios, los precios y una lista de servicios que ofrece cada operador.

En tanto, el PL N.° 1988 tiene un impacto positivo en el pilar Institucionalidad pues apunta a reducir la carga de la regulación gubernamental y evitar los pagos irregulares y sobornos al buscar la implementación de una política integral y sostenible de mejora de la calidad regulatoria.

También figura el PL 1868, Ley de Inclusión Laboral Pro Joven, iniciativa que propone fomentar la inserción de jóvenes en el mercado laboral formal y estimular la mejora de la productividad laboral de dichos jóvenes  a través de incentivos al empleador.

Así también,  el PL N.° 2049 permitiría la realización de aportes voluntarios sin fin previsional a todos los afiliados al sistema privado de pensiones que así lo deseen, sin necesidad de registrar un mínimo de cinco años de incorporado al sistema como señala la ley. Esta medida impacta positivamente en el Entorno Macroeconómico incrementando el ahorro nacional. 

Por último, el PL 02028 la cual establece disposiciones para que personas con sentencias por tráfico ilícito de drogas, lavados de activos , delitos de terrorismo y delitos contra la administración pública  no podrían prestar servicios a favor del Estado, para cualquier modalidad de contratación  o prestación de servicios.