CCL: Es necesario imponer el imperio de la ley para defender la estabilidad jurídica
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) rechazó las manifestaciones de violencia que se vienen presentando en Cajamarca, Huaraz y Andahuaylas, en el marco de jornadas de protesta contra la actividad minera. «El derecho a marchas y protestas no conlleva actos vandálicos, el bloqueo de carreteras y obligar que se cierren establecimientos privados pues esto constituye un atentado contra los derechos fundamentales de las personas y el estado de derecho», refiere el gremio empresarial.
La Cámara de Comercio de Lima expresa su respaldo a la minería formal y responsable, que está comprometida con la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Asimismo, considera que debe erradicarse la minería informal.
La CCL solicitó al gobierno y a las autoridades regionales que impongan el imperio de la ley y defiendan la estabilidad jurídica que necesita el país, a fin de que la inversión privada se siga desarrollando en el Perú, generando empleo y reduciendo la pobreza.
De otro lado, la Cámara de Comercio de Lima sostiene que un correcto manejo de los recursos que aporta la minería al Estado incrementaría la productividad y competitividad de las poblaciones, con lo que podría mejorar las relaciones entre la comunidad y la inversión privada.
Sin embargo, la Cámara de Comercio de Lima advierte que los recursos generados por concepto de la minería no son utilizados oportunamente por los gobiernos regionales y locales.
De acuerdo con el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima, a octubre de 2011 el total del canon y regalías en el país ascendió a S/. 7.390 millones. De dicho total, el canon minero representa S/. 4.271 millones y hasta octubre de este año sólo se había ejecutado el 40%. Una situación similar se registra con las regalías mineras, que a octubre pasado registraron un total de S/. 718 millones, habiéndose ejecutado solo el 0,4% del dicho monto.
En ese sentido, la Cámara de Comercio de Lima planteó la necesidad de fortalecer las competencias de los gobiernos regionales y locales, a fin de elevar su capacidad de gestión y de esa manera hacer agilizar el uso de los recursos que reciben de parte de la actividad extractiva.
