Por ello, el gremio empresarial espera que el Gobierno resuelva con prontitud las demandas del sector transporte por el bien del bienestar de los peruanos.
El paro nacional de transportistas anunciado para el próximo 8 de noviembre afectará las actividades vinculadas a la exportación e importación en el país, y a sectores como manufactura, comercio y agricultura, tanto en sus volúmenes de producción como en sus precios, señaló la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Con ello se restaría puntos a la necesaria reactivación económica que necesita el país, aumentando los precios de los productos, lo cual repercutiría en una mayor inflación no solo de los precios del consumidor, sino también de los mayoristas e incluso de materiales de construcción y de maquinaria y equipos.
Todo esto impactaría en la canasta familiar de los peruanos, quienes hacen sus esfuerzos para hacerle frente a las variaciones del tipo de cambio por la incertidumbre política, y ahora tendrían que enfrentar una nueva alza de precios
Asimismo, el gremio empresarial precisó que, según cálculos del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la CCL (Idexcam), si consideramos que este año se mantuviera el mismo volumen de envíos del 2020 en las exportaciones de frutas y hortalizas, por cada día de paro se perjudicarían envíos de aproximadamente 5.000 toneladas de frutas y 3.000 toneladas de hortalizas.
Y debido a que la mayor parte de estos productos son perecibles y salen por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el Puerto del Callao, si el paro no se resolviese pronto y si cierran y bloquean las carreteras, estos volúmenes de exportación se perderían.
Por ello, la CCL espera que el Gobierno no demore en resolver estos conflictos ni que escalen al punto de generar una mayor crisis para el país.
De otro lado, recordó que, si bien existe el derecho a la protesta, este no debe significar atentar contra los derechos de las personas, como son el libre tránsito, la seguridad e integridad. Por lo cual llamó al diálogo y cordura entre Poder Ejecutivo y los gremios de transportistas.
