De esta manera se ayudará a la reducción de los altos niveles de informalidad económica, laboral y de subempleo.
El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) espera que la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) proponga fijar un salario mínimo que responda a las diferencias sectoriales y regionales de las actividades productivas.
«Para nosotros es fundamental una remuneración diferenciada por actividad económica e incluso por zona geográfica, porque permitirá coadyuvar a la reducción progresiva de los altos niveles de informalidad económica, en general, e informalidad laboral y subempleo, en particular», manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP de la CCL.
Precisó que dicha comisión tiene como tareas pendientes, desde junio del 2012, precisar los parámetros de los indicadores que determinan el contexto más adecuado para aplicar los futuros incrementos de la remuneración mínima, a la par de establecer la remuneración mínima diferenciada para los distintos sectores de la economía.
Como se sabe desde junio del 2012 a la fecha, el salario mínimo se ubica en 750 soles. A nivel nacional se estiman que existen 650 000 trabajadores formales, que es el equivalente al 5% de la población económicamente ocupada (PEAO), y que son quienes reciben la remuneración mínima vital. De esta cantidad, más del 90% corresponden al sector privado. “Se puede deducir que sólo alrededor del 16% de los trabajadores formales reciben la remuneración mínima vital», dijo Peñaranda.
Al respecto el IEDEP considera que deben tomarse en cuenta los sobrecostos laborales, ya que existe una brecha entre el salario mínimo fijado y lo que en forma efectiva paga la empresa.
«Por ejemplo si un trabajador del sector industrial tiene un salario mínimo de 750 soles generará que la empresa desembolse en la práctica 1231 soles, pues hay que adicionarle los reconocimientos por la aplicación de leyes sociales (CTS, gratificaciones) y aportaciones (EsSalud, SCTR, entre otros); es decir, el empleador asumen un 64,2% adicional sobre el salario mínimo. Si en caso el trabajador labora en el turno de noche, este desembolso adicional alcanza el 116,5%», detalló Peñaranda.
Agregó que los incrementos que no responden a un incremento en la productividad del trabajador resultan contraproducentes al proceso de mejora de las condiciones de empleo que se quiere conseguir a nivel nacional, pues las empresas pierden competitividad y al tener costos elevados corren el riesgo de salir del mercado.
«Aumentar el salario mínimo sin un análisis previo generan más rigidez en el mercado laboral y a la larga mayor informalidad, porque terminan afectando sobre todo a las mypes con actividades económicas de baja productividad, las cuales se estiman en alrededor del 58% del total de las mypes formales», señaló Peñaranda.
Recomendó que para alcanzar el éxito a largo plazo se debiera buscar el incremento permanente de la productividad laboral, así como de la productividad total de los factores, pues no existe un sustituto mejor si lo que se desea es asegurar un crecimiento económico sano, alto y sostenido.
Exhortó a avanzar en la flexibilización del mercado laboral, eliminando los sobrecostos y reduciendo la brecha entre lo que recibe el trabajador y lo que efectivamente paga el empleador, pues los salarios deben responder a su productividad.
