Conflictos laborales y participación de utilidades

Por Jorge Manco Zaconetti

Para negociarte mejor la riqueza creada

Se debe reconocer que cada vez asume una mayor importancia en los  conflictos laborales, los problemas provenientes de la participación de los trabajadores en las utilidades que distribuye la empresa en función de las utilidades imponibles o renta por distribuir, por la falta de credibilidad de los trabajadores en sus liquidaciones de utilidades.

Así, los representantes empresariales asumen que han distribuido la participación de acuerdo a ley, sea 10 % para los trabajadores de la industria, 8 % para los trabajadores de la minería y 5 % para los que laboran en las actividades de servicios.

De otro lado, los trabajadores que cada  vez perciben una menor participación en las utilidades, a pesar de una bonanza o mayores ingresos y utilidades obtenidas por las empresas, se interrogan sobre esta contradictoria realidad: a mayores ingresos, utilidades crecientes, menores son las utilidades por distribuir a los trabajadores en la mayoría de las empresas. ¿Qué está pasando?

De allí, el natural conflicto y controversia entre las empresas y los representantes de los trabajadores de los diversos sectores de la actividad económica. Sean las empresas industriales por ejemplo de las bebidas (Backus & Johnston, Corp. Lindley), mineras (Poderosa, SPCC, Chinalco, Cerro Verde), papeles (Papelera Nacional, Protisa Perú), petroleras (Pluspetrol Norte, Pluspetrol Perú Corporation) por citar algunas.

Ello de por si debiera preocupar pues se levanta la duda, se genera suspicacia, se alimenta la falta de credibilidad sobre la naturaleza de la información económica financiera contenida en los estados financieros, balance general, estados de resultados, flujos en efectivo y cambios en el patrimonio. Esta realidad se agrava, cuando muchas empresas en una falta de transparencia y prepotencia se niegan a proporcionar la información económica requerida por los sindicatos.

Apostar por la transparencia

Si la mayoría de las empresas cotizarán en la Bolsa de Valores de Lima no habría problema alguno, pues la información económica financiera se podría bajar por internet y ser analizada con toda objetividad posible. Estudiar las memorias que expone el mensaje del presidente a sus accionistas, analizar los estados financieros y sobre todo las notas a los estados financieros, donde se explican en detalle las cuentas y partidas contables, es lo más que se puede conseguir en una economía moderna, que apuesta por la transparencia y las buenas prácticas empresariales.

Pero es tan insignificante el número de las empresas que están registradas en la bolsa, y tan pequeño el monto que se transa al día que estamos a punto de ser descalificados como país emergente, pues en el ranking que ocupamos estamos muy por debajo de lo que se cotiza y se negocia en acciones en relación a Chile y Colombia. Prácticamente en la Bolsa de Lima, el grueso de los valores de las acciones que se transan está constituido por los papeles de las empresas mineras. Por tanto, ¡Si se cae la rentabilidad de las mineras se derrumban el valor transado!

Lo que es peor muchas empresas se niegan a proporcionar la información económica financiera a los sindicatos violentando el mandato legal de la ley de las negociaciones colectivas que obliga entregar dicha información a los sindicatos con 90 días de anticipación con el objeto de preparar lo mejor posible sus petitorios y demandas laborales; es más muchas empresas prefieren pagar las ridículas multas que impone el estado a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, antes que entregar información alguna.

En estas circunstancias no debiera extrañar la extensión del malestar, resentimiento de los trabajadores hacia la empresa y sus representantes, cuestión que atenta contra el buen clima y confianza mutua que debiera existir entre el capital y trabajo, en el marco de lo que se llama las ganancias compartidas, el “gana, gana”

Ganancias compartidas

Resulta razonable si una empresa que se capitaliza, que obtiene mayores ingresos anualmente, que aumenta su participación en el mercado, o que incluso se constituye en un monopolio como la cervecera Backus & Johnston, que expone un fortalecimiento patrimonial, con un aumento continuo de los activos fijos y las inversiones debiera distribuir mayores utilidades a sus trabajadores.

Es más, si las utilidades operativas obtenidas anualmente aumentan de manera consistente, mayores debieran ser los montos por distribuir a los trabajadores, pero lamentablemente ello no sucede por las distorsiones que provocan las llamadas partidas deducibles que se consideran gasto tributario.

Por ello, la utilidad antes de impuestos según el estado de resultados que antes se denominaba “estado de ganancias y pérdidas” casi nunca coincide con la utilidad imponible, en razón de todas aquellas partidas deducibles como gastos. En verdad, existen tantas partidas consideradas como gastos deducibles que la Sunat cada vez recauda menos.

Todo ello al margen de las decisiones empresariales que puedan afectar el costo de ventas, como los abonos que se puedan hacer a empresas de servicios de terceros que muchas veces son empresas hermanas o con algún nivel de vinculación. De allí, la necesidad de analizar las partidas de cuentas por pagar, sobre todo si son empresas vinculadas, pues lo que constituye egreso de capital para una, constituye ingreso para la otra empresa vinculada.

En fin, todo queda en casa, “de un bolsillo pasa a otro bolsillo”, afectando los intereses de los trabajadores en las utilidades por distribuir,  y del propio estado por los menores ingresos por concepto del impuesto a la renta, ello explica en parte la drástica disminución de la presión tributaria que en 2017 ha llegado a los más bajos niveles de los últimos veinte años.

Igualmente debiera interesar las deducciones que se hacen respecto a las depreciaciones y amortizaciones que se cargan al costo de venta y gastos administrativos y de ventas, que no constituyen salida de dinero de la empresa, pues constituyen recupero de valores, por las inversiones realizadas en activos como maquinaria, equipo, y otros.

En tal sentido a mayores y crecientes inversiones mayores serán los montos por deducir por concepto de depreciaciones. En teoría se puede deducir hasta un porcentaje (20%) en caso de maquinaria, para reponer el equipo gastado. Cuando se llega al 100% de la recuperación, la empresa está en capacidad de decidir la reposición de la maquinaria, pues ha generado y deducido un valor para reponer el equipo gastado.

Sin embargo ello no necesariamente sucede así, si la maquinaria ha recibido un buen mantenimiento, y el valor de uso puede estar asegurado por un largo período. Sirva de ejemplo el caso de las empresas eléctricas con las turbinas de generación que pueden tener más de 30 años de antigüedad, y seguir operando o estar en la reserva pero igualmente ese capital es remunerado por el sistema, es decir por todos los usuarios en las tarifas eléctricas.

En resumen, son tantas y tan variados los mecanismos que se aplican para disminuir la utilidad imponible mediante una serie de deducciones y beneficios tributarios que los trabajadores se sienten burlados por un sistema que privilegia los beneficios del capital y las inversiones a costa de los trabajadores y los consumidores.