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Rosa Varillas
Al iniciarse el estado de emergencia nacional, debido a la pandemia del COVID-19, la mayoría de las empresas paralizaron su producción porque su actividad no era considerada esencial. Sin embargo, el Decreto Supremo Nro. 044-2020-PCM permitió excepcionalmente al Ministerio de Economía y Finanzas coordinar qué sectores productivos e industriales podrían incorporarse adicionalmente a las actividades esenciales, siendo incorporada la gran minería con el aval del Ministerio de Energía y Minas.
Ante ello, los trabajadores mineros denunciaron el incumplimiento de los Protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo, la ausencia de condiciones de seguridad en los campamentos mineros, la falta de pruebas de descarte y la precaria atención médica, entre otros. Esta situación aumentó considerablemente el número de trabajadores contagiados de COVID-19, al punto que la Defensoría del Pueblo[1] solicitó al Ministerio de Energía y Minas que informe sobre las actividades esenciales y operaciones críticas de las empresas mineras en el marco de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19.
Sobre la cifra de trabajadores mineros contagiados por COVID-19 no se tiene una data completa. El portal de Convoca.pe presentó un segundo informe este mes con la información que reportan las empresas mineras al Ministerio de Energía y Minas, pero no incluye a los que se encuentran trabajando bajo contratistas o terceros. El aumento de los contagios es grave y debe causar preocupación y medidas inmediata del gobierno, Convoca.pe señala que “Entre las grandes compañías mineras se registraron más de 4,600 casos confirmados, un incremento de 61% de su personal con coronavirus respecto a la anterior medición, de julio pasado”[2]. En el informe se indica que las empresas con mayor número de trabajadores contagiados son las compañías Consorcio Minero Horizonte, Miski Mayo, Marcobre, empresas vinculadas al grupo Benavides y a la transnacional brasileña Votorantim.
Por su parte, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos[3] han publicado que ellos estiman que serían un promedio de 10mil trabajadores mineros contagiados y decenas de fallecidos. Cuestionan la falta de transparencia con las cifras por parte de las entidades públicas y exigen la mejora de los protocolos sanitarios. Asimismo, denuncian la violación de diversos derechos laborales como las jornadas de trabajo extendidas y las suspensiones perfectas de labores implementadas por las empresas.
Este grave aumento de contagios de los trabajadores mineros que continúa se debe a que las empresas mineras no están cumpliendo adecuadamente con los Protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora que la minería está operando al 100% debido a la reactivación económica la cifra de contagios por Covid-19 aumentará aún más si no se toman las medidas de prevención adecuadas.
Para ello, la OIT[4] ha presentado una “Lista de control y Prevención” que debería ser implementada por las empresas mineras bajo la supervisión de las autoridades del gobierno, en ella se indica claramente que su correcta utilización exige que la cooperación y el diálogo social se encuentren activos entre la dirección de la mina, los supervisores, los trabajadores y sus representantes. Asimismo, que las empresas mineras deben de cumplir con las normas internacionales del trabajo como el Convenio de la OIT sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176), la Recomendación de la OIT sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 183), entre otros documentos técnicos y éticos de la OIT sobre la vigilancia de la salud de los trabajadores.
Frente a la pandemia, desde el despacho del parlamentario andino Alan Fairlie, se solicitó reiteradamente a las autoridades la implementación del diálogo social en todos sus niveles, para afrontar de manera conjunta las mejores medidas de prevención y seguridad ante los contagios por Covid-19, conforme lo establece la Recomendación Nro. 398 “Promover y Fortalecer el Diálogo Social en los Países Andinos Frente a los Cambios en el Mundo del Trabajo”. Sin embargo, mientras el gobierno no resuelva el pedido de instaurar el diálogo social y no intervenga eficazmente ante las denuncias presentadas, las empresas mineras continuarán incumpliendo los Protocolos de Bioseguridad, aumentarán los contagios, y por otra parte seguirán despidiendo a los trabajadores y dirigentes sindicales que sólo demandaron su cumplimiento, como lo sucedido con el secretario general de la Minera Marsa[5].
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[1] Véase en: https://connuestroperu.com/wp-content/uploads/2020/10/Oficio-156-2020-DP_Reiterativo-MINEM_COVID-19-.pdf
[3] Véase en: https://web.facebook.com/FNTMMSP/posts/3747515151959597
[4] Véase en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_dialogue/—sector/documents/publication/wcms_747963.pdf
[5] Véase en: https://web.facebook.com/watch/?v=353434452368509
https://wp.me/p8ivga-1Vb
