Tanto los camélidos sudamericanos como los pobladores dedicados a su crianza, han permanecido largamente relegados en cuanto a beneficios de políticas públicas y servicios de atención del Estado. Esta situación se agravó con la desaparición del Consejo Nacional de los Camélidos Sudamericanos en 2007, luego de una efímera existencia de quince años. Así, problemas recurrentes como la disminución de la calidad de la fibra y la pérdida de competitividad en el mercado internacional, las serias dificultades en la comercialización de la fibra en el mercado interno por la inestabilidad de los precios y la falta de financiamiento, y el injustificable desaprovechamiento del potencial nutritivo y saludable de la carne de los camélidos; perviven en el tiempo reafirmando nuestro desencuentro histórico con el mundo andino.
El 20 de octubre del 2017 el Congreso promulgó la Ley No. 30674, que declara de necesidad pública e interés nacional la creación del Instituto Nacional de los Camélidos Sudamericanos (INCAS) como “organismo descentralizado autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego dedicado a la investigación científica, tecnológica y aplicada que incremente la producción y productividad de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos y a la transferencia de tecnologías a los actores del sector, para innovar y mejorar su productividad y competitividad”.
Se encargó al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) su promoción e implementación. Se estableció un plazo de treinta días hábiles para la constitución de una comisión de cinco personas “con la finalidad de conformar la asociación público-privada orientada a crear el Instituto Nacional de los Camélidos Sudamericanos en un plazo de ciento veinte días hábiles”, plazo que vencería el 29 de mayo de 2018. Sin embargo, lo que creíamos podría ser una gran oportunidad para que el Estado peruano recupere y asuma su responsabilidad en el desarrollo y conservación de estas especies, y su compromiso con las cien mil familias de criadores a nivel nacional, caería en saco roto al establecer como camino para la materialización del instituto, una asociación público-privada. Con ello, lo que se está haciendo es promover la inviabilidad de su propósito.
En estos más de 180 años que tiene la exportación de la fibra de alpaca, basta con preguntarse: ¿cuál es el monto destinado por la empresa privada para investigación en camélidos?, ¿cuánto ha invertido el sector privado en mejoramiento genético de alpacas?, ¿podrán los criadores alpaqueros —que en su mayoría están al borde de la línea de pobreza— aportar los recursos para la investigación y promoción del sector? Lamentablemente, el sector industrial textil que aprovecha la fibra de alpaca, ha mostrado históricamente una trayectoria estrictamente extractivista al no invertir en la base productiva que le proporciona la materia prima. A diferencia de lo que ocurrió en la industria láctea, por ejemplo.
La ley de creación del INCAS, en su artículo 3, invoca a la Ley 29987 que busca promover la ciencia, la innovación y la tecnología a través de asociaciones público-privadas, definidas como “modalidades de participación de la inversión privada para incorporar experiencia, conocimientos, tecnología preferentemente privados para crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o servicios públicos”. Esta orientación implica la existencia de condiciones de rentabilidad para la motivación del sector privado: ¿podemos asegurar que la realidad del sector de los camélidos brinda estas condiciones en la actualidad? Definitivamente, no. Por esta razón, la Ley del INCAS —dada la modalidad para su implementación — se presenta como el mayor riesgo para su fracaso.
Así las cosas, proponemos: la creación del INCAS como organismo público descentralizado y con autonomía; la reasignación de recursos humanos, materiales y documentales que actualmente se encuentran en la dirección de ganadería del MINAG y en SERFOR del Ministerio del Ambiente, para la implementación del Instituto; la asignación de recursos económicos estableciendo un gravamen a las exportaciones de fibra de alpaca, y una proporción del canon minero de las empresas que realizan sus actividades extractivas en las praderas altoandinas.
Adicionalmente, la formulación de un plan de desarrollo a largo plazo que incorpore el mejoramiento genético de la alpaca orientado a la producción de fibra, y de la llama, a la producción de carne (en base a la concertación de los centros de investigación universitarios del país y el exterior, los especialistas del sector público de nivel nacional y regional, especialistas de la industria, y las organizaciones no gubernamentales). Finalmente, la reactivación y unificación de las organizaciones de criadores para fortalecer su capacidad de interlocución con el Estado con miras a una implementación favorable del INCAS.
Por otro lado, hay tres temas urgentes de resolver y que requieren de la formulación de un plan de acción inmediato: (i) la comercialización de la fibra no cuenta con un soporte financiero por las deudas de las organizaciones de productores ante Agrobanco, como consecuencia de la inestabilidad de los precios y, en otros casos, por desorganización y corrupción; (ii) los comités de conservación de la vicuña tienen fibra en sus almacenes debido a la drástica caída del precio y la falta de apoyo para realizar licitaciones transparentes y con buena convocatoria de los demandantes internacionales; y (iii) la comercialización de la carne (16 000 toneladas son comercializadas y consumidas anualmente en el país) se realiza de manera informal y sin ninguna responsabilidad del Estado y su ente especializado (SENASA) para inspeccionar y certificar la sanidad.
Esta pequeña agenda abonaría a favor de la economía de los productores alpaqueros, mientras nuestros congresistas o el mismo MINAGRI ven la forma de resolver los cuestionamientos que hacemos a la norma, que es vital para el sector, pero no tal como está planteada.
desco Opina – Regional / 12 de enero de 2018
Programa Regional Sur – descosur
