Cumplimiento del TUPA es de 35% en entidades públicas

La Cámara de Comercio de Lima refiere que, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, el 35% de las entidades públicas del país ha cumplido con adecuar su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

La CCL destaca que han cumplido con actualizar su TUPA el 100% de organismos públicos, organismos autónomos, el Congreso de la República, el Poder Judicial y 16 ministerios.
 
Si bien las entidades mencionadas han cumplido con actualizar su TUPA ante la SGP, ello no significa que la información presentada sea válida, pues aún está pendiente la SGP y el Indecopi revisen la legalidad y razonabilidad de cada uno de estos procedimientos.

No obstante, la CCL advierte que, a más de 2 años de vigencia de la Ley del Silencio Administrativo, el 65% de las entidades nacionales sobre todo municipales, sigan desacatando la ley, sin que los funcionarios infractores sean investigados y destituidos por su continuo desacato a las leyes de simplificación administrativa.

Municipalidades
En el caso de las municipalidades distritales, el desacato a la ley es del 73% en promedio, pues de un total de 1639 municipalidades, sólo han actualizado su TUPA 440 municipalidades distritales.

De 195 municipalidades provinciales han presentado la sustentación técnico legal de su TUPA 120 municipalidades (62%), estando omisas 75 municipalidades (38%).

Tasas ilegales
Recuerda la CCL que conforme a la Ley 29060, las entidades públicas que no han actualizado su TUPA están impedidas de cobrar tasas por servicios públicos y además, todos sus procedimientos están sujetos al silencio positivo, es decir, vencido los 30 días las solicitudes de autorizaciones, licencias, permisos, etc. se dan por aprobadas automáticamente, tal como lo ha solicitado el administrado.

Sin embargo, en vista a que no hay autoridad que los fiscalice y sancione, las entidades morosas siguen cobrando derechos ilegales, condiciones y requisitos no autorizados, que se convierten en trabas burocráticas ilegales e irracionales que afectan la competitividad de los agentes económicos, en especial de las micro y pequeñas empresas.