Del “cambio responsable” a “no cambiar nada”

Ahora ECP cotiza en Bolsa (por un máximo del 20% de sus acciones), tiene un plan de inversiones 2008-2015 por US$ 60,000 millones (así como lo lee, sesenta mil millones) y produce 550,000 barriles diarios (con lo que tiene acceso a las ganancias extraordinarias de la renta petrolera), a lo que se agrega que, en el Perú, acaba de comprar Petro-Tech en US$ 900 millones, asociada con la coreana SK.

Pero aquí no se le dio el pase al proyecto petroquímico de Petroperú y Petrobrás en el 2007, porque así lo decidió el consorcio Camisea, lo que fue permitido por el gobierno. Resultado: hasta ahora el ganador, la junior C&F, deshoja margaritas. Tampoco se consideró que Petro-Tech pase a Petroperú para que esta recupere sus lotes petroleros. Y, con el nuevo presidente fantasma de Petroperú (nadie lo ha visto desde que asumió), la modernización de la refinería Talara no avanza.

En Chile, la presidenta Bachelet promulgó en julio del año pasado la pensión solidaria, para 600,000 adultos mayores de 65 años. La pensión es US$ 114/mes  y beneficiará a una parte de la población mayor que no pudo ahorrar para la vejez. Aún si alguien no tuvo acceso a ningún sistema de pensión durante su vida laboral –ya sea porque fue informal, agricultor o ama de casa– de todas maneras recibirá pensión.

¿Quiénes se opusieron a la pensión solidaria? Las AFP, con el argumento de que “si se otorga una pensión universal, entonces hay menores incentivos para seguir aportando al régimen de capitalización individual”. Queda claro: las AFP solo se preocupan de sus comisiones. Pero sus “lobbies” no pudieron impedir la pensión solidaria. Aquí en Perú, donde ni siquiera se puede regular las comisiones que cobran las AFP, menos aún se habla de pensión solidaria porque eso, seguramente, es una propuesta “antisistema”.

En casi todos los países (incluidos Chile y Colombia) hay instituciones que regulan el salario mínimo de acuerdo a la productividad y la inflación (www.cristaldemira.com, 16/01/09 y 04/04/09). Y sus propuestas de aumento se cumplen, como en Brasil, donde Lula autorizó en enero un aumento del salario mínimo de 12% para combatir la recesión.

En el Perú, el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) propuso en octubre un aumento de 27 soles para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores perdido por la inflación (ojo, no estamos hablando ni siquiera de aumento del misérrimo salario mínimo).

Pero los “lobbies empresariales” —que han tenido utilidades enormes durante varios años— bloquearon su implementación, tirando por la borda la institucionalidad existente, con el apoyo del Ministro de Trabajo. Dicho de otra manera, mecieron a los trabajadores que, con toda razón y derecho, protestan por el atropello.

Las medidas expuestas son solo un botón de muestra de lo que se aplica en países de la Región que no tienen nada de “antisistema” y, ojo, cuyos presidentes gozan de amplia popularidad. Pero aquí seguimos con el perro del hortelano.

En eso sí se avanza, incluso promulgando 100 decretos legislativos inconsultos con la población (pero sí con los lobbies que, incluso, redactaron algunos). Con lo cual resulta que el “cambio responsable” se ha convertido en “no cambiar nada, para que nada cambie”. Por eso protestan las inmensas mayorías.

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